Más de 77.600 usuarios del Servicio Extremeño de Salud (SES) estuvieron esperando su cita médica el año pasado más tiempo de lo legalmente establecido, pero solo 1.900 personas, apenas un 3% del total, instaron a cumplir la Ley de Tiempo de Espera solicitándolo a la Defensora de los Usuarios del SES.

¿Desconocimiento, indiferencia, preferencia por la sanidad pública? Estas son algunas de las razones que pueden explicar el bajo volumen de reclamaciones ante la elevada lista de espera sanitaria, según los datos registrados en la última memoria de la Defensora de los Usuarios del Sistema Sanitario Público, publicada la semana pasada.

El último informe, que recoge la gestión de esta institución en los años 2015 y 2016, refleja un incremento importante de las reclamaciones en general, pero siguen siendo bajas en relación a las elevadas cifras de espera que maneja el SES. En concreto, durante el año pasado la Defensora del SES atendió 1.971 solicitudes de aplicación de los plazos legales más otras 600 reclamaciones (que no fueron solicitudes sino quejas) sobre los retrasos en la atención. En 2015, por su parte hubo 2.157 solicitudes de aplicación de la Ley de Tiempos de Respuestas más otras reclamaciones por demoras en la atención. Ambos años registran el mayor volumen de peticiones, que casi se han duplicado en el último lustro.

Pero lo cierto es que la Ley de Tiempos de Respuesta en Atención Sanitaria es una normativa casi en papel mojado, puesto que además se incumple reiteradamente. Según los últimos datos del SES, a 31 de diciembre había 148.533 pacientes extremeños en lista de espera sanitaria y el 52% (77.690) ya habían superado en esa fecha los tiempos máximos legales para ser atendidos.

La normativa extremeña, vigente desde el año 2005, establece que el sistema público tiene que atender a los pacientes en un plazo determinado: en un máximo de 60 días para las primeras consultas con los especialistas, 30 días para las pruebas diagnósticas o terapéuticas y 180 días para las intervenciones quirúrgicas. Si se superan cualquiera de estos plazos -que se reducen en el caso de determinadas especialidades como Oncología-, el paciente tiene derecho a recibir la asistencia necesaria (excepto consultas) en el sistema sanitario privado cuya factura correrá a cargo del SES.

Para atender esta demanda, la Consejería de Sanidad mantiene conciertos con las clínicas privada con un presupuesto de ocho millones, que se mantendrán en el próximo convenio que está previsto que se renueve este año. Según los datos facilitados por Sanidad, durante el año pasado de forma aproximada se derivaron a la privada unas 1.500 intervenciones quirúrgicas y unas 80.000 pruebas diagnósticas. «Las derivaciones a centros concertados se realizan en su mayoría sin que haya reclamación previa y es una oferta que se le hace a los pacientes para que de manera voluntaria acepten o no», explican.