En la Comunidad Autónoma Extremeña solo el 8% de las empresas a las que afecta la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) --las que tienen más de 50 empleados-- cumplen con la obligación que esta norma establece, la de reservar un cupo del 2% de su plantilla para trabajadores con discapacidad. Este porcentaje sitúa a Extremadura, junto con la comunidad de Madrid donde también se da el 8%, en la segunda de España en la que menos se cubre el cupo de contratos exigidos por la ley. A Extremadura y Madrid las supera solo la comunidad de Canarias, donde solo el 6% de las empresas cumple con lo exigido.
Así se refleja en el Informe Equipara 2008 elaborado por el Observatorio para la mejora de la equiparación laboral de las personas con discapacidad de la Fundación Equipara, según el cual en España hay más de 35.800 empresas obligadas a cumplir la LISMI, "pero su cumplimiento es muy escaso".
Esto es algo que constatan los datos de su informe, según los cuales ni la comunidad que más cumple la ley alcanza el 50%. Se trata de Murcia, donde el 40% de las empresas cumple la reserva de plazas para discapacitados.
Para la Fundación Equipara esta falta de cumplimiento del cupo de reserva se debe fundamentalmente a cuatro causas: las dificultades que el colectivo de los discapacitados tiene para acceder al mercado laboral, la insuficiente formación que reciben las personas con discapacidad, la escasa concienciación social y empresarial, y la falta de comunicación entre los diferentes agentes que participan en la inserción.
EL EMPRESARIADO Para la elaboración del informe la Fundación Equipara se ha basado en los resultados de una encuesta realizada a un total de 1.319 empresas de más de 50 empleados, de toda España -- en Extremadura se realizó en 24--.
Según sus resultados, ocho de cada diez empresas obligadas a cumplir la LISMI a las que se chequeó aseguraron conocer la ley, aunque muchas reconocieron que solo "superficialmente". Y entre los empresarios que la conocen, cuatro de cada diez creen que tienen que reservar entre el dos y el tres por ciento de sus plantillas para los discapacitados, y casi dos de cada diez saben que están obligados a reservar un porcentaje para este colectivo, pero no saben cuál.
Además, tres de cada cuatro empresas consultadas aseguraron tener empleadas a personas con discapacidad, aunque solo una de cada siete alcanzaba el mínimo de contrataciones exigidas por la Ley.
En cuanto a las motivaciones que llevan a la contratación de personas con discapacidad, son varias las que esgrimen los empresarios. Así, "porque trabajan igual" es un motivo que da el 77% de los empresarios; por cumplir la ley, un 54%; por compromiso social, un 16%; o por las subvenciones de la Comunidad Autónoma, un 10%. Por su parte, entre los que no los contratan, el 76% lo justifica en que es difícil encontrar personas válidas en este colectivo, el 34% porque no se lo plantean, el 18% porque ya cumplen con medidas alternativas, y solo un 5% dice no haber recibido solicitudes de discapacitados.
La fundación concluye que aunque en general la LISMI esta muy bien valorada, falla en que las sanciones por incumplimiento de la ley son muy bajas, y que solo una de cada cuatro empresas ha sido inspeccionada por Trabajo.
