La ley autonómica respecto a la venta de alcohol a menores es clara: "En el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura no se permitirá ninguna forma de venta, suministro o dispensación, gratuita o no, de bebidas alcohólicas a menores de dieciocho años"; como también lo es que la mayoría de los establecimientos la incumplen, como ha podido comprobar este diario con la ayuda de siete menores que hicieron de gancho y compraron alcohol sin apenas dificultad en cinco ciudades de la región.
Y frente a ello, que la Administración regional solo tramite y resuelva en un año 9 expedientes sancionadores por venta de alcohol a menores sorprende, pero así es.
Sin disponer aún de los datos referentes al último año, en los facilitados por la Junta respecto al 2007 se recoge que el total de los expedientes relacionados con la venta y suministro de alcohol a menores que se resolvieron por la Administración regional ese año ascendieron a 18, nueve de ellos en la provincia de Badajoz y nueve en la de Cáceres.
En cuanto al motivo de la incoación del expediente, se concretó que 9 de los 18 lo fueron por venta de alcohol a menores y los otro 9 por carecer los establecimientos de los preceptivos carteles informativos sobre la prohibición de dicha venta.
SUMAR ESFUERZOS Por otra parte, y en relación también con el consumo de alcohol de los menores de edad, la Federación Española de Bebidas Espirituosas (FEBE) mostró ayer sui consideración de que la única "solución eficaz" para ponerle freno es "la suma de esfuerzos de todos los sectores implicados, administraciones, asociaciones, familias, educadores, distribución, hostelería y la propia industria".
FEBE, que reaccionó así al informe hecho público por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que asegura que los adolescentes pueden adquirir bebidas alcohólicas sin problemas, recuerda en su comunicado que en España ya existe un marco legal lo suficientemente restrictivo que "debiera ser efectivo para garantizar el no acceso de los menores de edad a estos productos", por lo que solicita a las administraciones públicas un "esfuerzo extra" al aplicar las leyes existentes.
