Aunque parezca irónico, la subida de las pensiones mínimas puede tener efectos perversos. Es lo que ha ocurrido con el abono social de Telefónica, servicio regulado por ley para garantizar la asequibilidad de una línea fija para las personas con pocos recursos, pero que muchos pensionistas están perdiendo por el incremento de su subsidio mensual. ¿El motivo? Dicho aumento no ha ido acompañado de otro similar en el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que se fija como referente para conceder este privilegio, lo que provoca que muchas personas se pasen , aunque sea por poco, del máximo permitido y dejen de tener un derecho del que han disfrutado durante años.
Así lo constata la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE Extremadura) que, según detalla su director en Badajoz, Roberto Serrano, "ya está recibiendo las primeras reclamaciones por este problema". Acerca del mismo alertaba la semana pasada la organización a nivel nacional (Unión de Consumidores de España), pero sus responsables se muestran reacios --tras haber cometido un error entonces, cuando calcularon que dos millones de personas podían verse afectadas por este problema, cuando en realidad solo hay unos 270.000 abonados al servicio-- a hacer una estimación: "Es complicado, porque son aquellas personas que cobraban por debajo del IPREM del año pasado --499,20 euros al mes-- y ahora lo superan --516,90--".
Pocos receptores posibles
Pero lo cierto es que con el nivel que el Gobierno ha fijado para las pensiones mínimas este año --528,55 euros al mes--, cabe prever que solo tendrán derecho a la tarifa especial quienes perciban una pensión no contributiva o el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez --pensión a extinguir--. En cambio, con solo sobrepasar el IPREM, por poco que haya subido su retribución mensual, muchos pensionistas verán como se cuadruplica su factura.
No en vano el abono social supone una rebaja del 30% en la cuota de alta de la línea y, sobre todo, del 95% en la cuota mensual (13,97 euros al mes más IVA, o sea, más de 32 euros cada dos meses). El coste de las llamadas es similar al que se aplica a cualquier otro usuario, pero al perder el descuento en la cuota de mantenimiento, la factura bimensual se incrementa en más de 30 euros.
"Un coste que muchos pensionistas, cuyos subsidios apenas han aumentado cinco o seis euros, no pueden asumir", apunta Serrano. Es por ello que solicitan al Gobierno que actualice el baremo que aplica para conceder su ayuda al mismo ritmo con que ha elevado las pensiones. "Si no, solo van a tener derecho a esa rebaja quienes ni siquiera ganan lo suficiente para mantener una casa, no digamos una línea telefónica", denuncia UCE.
Sin embargo, el Gobierno no tiene previsto, por ahora, mover ficha en ese sentido. "Es una decisión que debería tomar la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que es la que vela por la asequibilidad del Servicio Universal de Telecomunicaciones", explican fuentes del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que añaden que "aunque el tema se está estudiando, no se espera que se vaya a tomar ninguna medida a corto plazo".
Entretanto, Telefónica se escuda en las directrices del Ejecutivo que, como es cierto, "son las que marcan los criterios que nosotros debemos aplicar al abono social". Y, por su parte, muchos pensionistas reciben en su casa la comunicación que les advierte que han dejado de tener derecho a esta tarifa especial y, por tanto, pasarán a pagar un mínimo de 30 euros más. "Les queda el derecho a protestar y poco más, hasta que los responsables de lo que queremos considerar un despiste decidan tomar cartas en el asunto", reconocen desde UCE.
