Mientras los precios continúan subiendo, la pregunta ahora es si los salarios deben hacerlo en la misma medida. Este es el debate que se abrió ayer, poco después de que se hiciera público el último dato del Indice de Precios al Consumo (IPC), cuya subida con respecto al año pasado se eleva al 4,1% tanto en Extremadura como a nivel nacional. Según el Gobierno, se trata de un repunte "transitorio", por lo que no es conveniente trasladarlo a los salarios para evitar el efecto de segunda vuelta (que los elevados precios se trasladen de forma más permanente a otros sectores). Pero los sindicatos extremeños, más preocupados por la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, urgen que se revisen sus remuneraciones.

Lo que resulta indiscutible es que la escalada inflacionista sigue su curso. De hecho, en Extremadura los precios subieron un 0,5% en noviembre con respecto al mes anterior --cuando aumentaron un 1,8%, una cota histórica a la que también se había llegado en abril--, lo que supone un incremento del 4,1% sobre el 2006. El mismo índice que se registra a nivel nacional y que vuelve a activar las alarmas. Y es que aunque los pensionistas tienen garantizado su nivel de poder adquisitivo --en lo que el Estado deberá invertir 3.121,87 millones de euros--, esto no ocurre con los trabajadores, sobre todo aquellos que perciben rentas más bajas y a los que más perjudica el aumento de precios.

Sin embargo, el secretario de Estado de Economía, David Vegara, recomendó ayer a la patronal y los sindicatos que no trasladen a los salarios el actual repunte de precios, al considerarlo "transitorio" y para evitar el temido efecto de segunda vuelta. Además, Vegara avanzó que, de acuerdo con la información disponible, los actuales niveles de inflación se mantendrán estables en diciembre y que, incluso aunque permanezcan los actuales precios del petróleo (90 dólares por barril), se producirá un "descenso marcado" después de la próxima primavera, hasta cifras próximas al 2,5%.

SINDICATOS EXTREMEÑOS En cambio, los sindicatos mostraron ayer su preocupación por los efectos de la actual escalada de precios en el nivel de poder adquisitivo de los ciudadanos. Así, en el caso de Extremadura CCOO abogó por que todos los trabajadores extremeños "estén amparados por convenios colectivos en los que se incluyan cláusulas de revisión salarial" para garantizar que no pierdan dicho poder. Igualmente, UGT reiteró la necesidad de que se cumplan dichas cláusulas, así como de los salarios mínimos, "para amortiguar el efecto negativo de los factores directamente relacionados con el aumento del coste de la vida para los trabajadores".

Ambos sindicatos alertan de que la subida tan "acusada" de los precios perjudica sobre todo a las rentas más bajas, aparte de que puede trasladarse al conjunto de la economía, ralentizando el consumo y deteriorando, en consecuencia, el sistema. Por ello, instan al Gobierno a tomar medidas para frenar "una espiral de la inflación" que, recalca UGT, "no beneficia a nadie" y que, además, CCOO estima derivado de causas "especulativas e injustificadas".

Por su parte, la Junta se centró en destacar que la subida de los precios en Extremadura fue, junto con Madrid, la menor registrada en el país en el mes de noviembre. En un comunicado, el Gobierno regional señala como principales motivos de dicho incremento los últimos efectos de la nueva temporada de invierno en vestido y calzado, el aumento de los precios de carburantes y lubricantes en transportes, de los productos lácteos y, por último de los combustibles para calefacción en vivienda. Es cierto que, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en noviembre aumentó sobre todo el coste del vestido y calzado y el transporte, mientras que disminuyó el de ocio y cultura y hoteles, cafés y restaurantes.