La subida de la tarifa eléctrica de último recurso (TUR) afectará a más de 400.000 hogares extremeños, mientras que más de 100.000 usuarios podrán beneficiarse del bono social, por lo que su recibo no experimentará ningún incremento.
Según la agencia Efe, el consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente, José Luis Navarro, recuerda que, desde hace dos años, existe la figura del bono social que protege a los colectivos que pueden ser más sensibles a los precios, como las familias con todos sus miembros en situación de desempleo, familias numerosas o de suministros muy pequeños.
Así, más de 100.000 hogares extremeños, que suponen el 14 por ciento de los suministros domésticos, no verán incrementada su factura eléctrica a partir del 1 de octubre.
El consejero destaca que se trata de la "aplicación automática de un mecanismo"; el precio de la TUR resulta de dos componentes, el que fija el Gobierno central y el que se estable por subasta en función de su valor en el mercado libre.
Por ello, subraya que, a pesar de que el ministerio "ha congelado la parte de la tarifa que le corresponde fijar", en la última subasta, celebrada esta semana, "el precio ha estado más alto que hace tres meses". "Sería deseable que en los mercados energéticos no subieran los precios", ha mencionado, pero se trata de un mecanismo automático, al igual que sucede con el gas o la gasolina, que "se traslada a la tarifa" que pagan todos los ciudadanos.
No obstante, indica que "afortunadamente para el sector industrial no se tocan las tarifas", ya que, al estar en el mercado libre, depende de la negociación que realice con sus proveedores y de la parte que regula el ministerio que "está congelada".
En cuanto a las protestas de las comunidades de regantes que anuncian movilizaciones en contra del "alarmante" aumento en las tarifas de uso del agua y cánones de regulación, Navarro aclara que esta subida en la TUR, una tarifa fijada con una potencia máxima de 10 kilovatios, no afectará a los regantes porque "los riegos, en su inmensa mayoría, están fuera de esa tarifa".
No obstante, reconoce que, desde la liberalización del sector eléctrico, "hay una queja por parte de los regantes en que el coste de la electricidad es difícilmente soportable".
Según el consejero, el Ministerio de Industria y el de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino "vienen trabajando desde hace ya aproximadamente un año" para encontrar una salida, que no depende del Gobierno autonómico. Sin embargo, sí está apoyando esas gestiones y "está próximo a encontrarse una solución satisfactoria".
