La subida de la tarifa eléctrica de último recurso (TUR) que se aplicará a partir del 1 de octubre afectará a más de 400.000 hogares extremeños, mientras que más de 100.000 usuarios podrán beneficiarse del bono social, por lo que su recibo no experimentará incrementos. Estos últimos son parados, pensionistas, familias numerosas y clientes con contratos menores a 3 kW. Así lo confirmó ayer el consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente, José Luis Navarro.

El Ministerio de Industria hizo pública el miércoles la subida en un 4,8% de la TUR, a la que se acogen más de 27 millones de hogares en España, y que supone un incremento medio de la factura eléctrica de 1,7 euros por cada hogar.

Navarro recordó que, desde hace dos años, existe la figura del bono social que protege a los colectivos que pueden ser más sensibles a los precios. Más de 100.000 hogares extremeños, que suponen el 14% de los suministros domésticos, no verán incrementada, por tanto, su factura eléctrica.

El responsable regional de Industria justificó que la subida deriva de la "aplicación automática de un mecanismo", ya que el precio de la TUR resulta de dos componentes, el que fija el Gobierno central y el que se estable por subasta en función de su valor en el mercado libre.

Por tanto, señaló que, a pesar de que el ministerio "ha congelado la parte de la tarifa que le corresponde fijar", en la última subasta eléctrica, celebrada esta semana, "el precio ha estado más alto que hace tres meses".

UN MECANISMO AUTOMATICO "Sería deseable que en los mercados energéticos no subieran los precios", mencionó, pero se trata de un mecanismo automático, al igual que sucede con el gas o la gasolina, que "se traslada a la tarifa" que pagan los ciudadanos.

No obstante, indicó que "afortunadamente para el sector industrial no se tocan las tarifas", ya que, al estar en el mercado libre, depende de la negociación que realice con sus proveedores y de la parte que regula el Ministerio que, ha insistido, "está congelada". En esta línea, se referió a las protestas de las comunidades de regantes que han anunciado movilizaciones en contra del "alarmante" aumento en las tarifas de uso del agua y cánones de regulación. Navarro ha aclarado que esta subida en la TUR, una tarifa fijada con una potencia máxima de 10 kilovatios, no afectará a los regantes porque "los riegos, en su inmensa mayoría, están fuera de esa tarifa".

No obstante, reconoció que, desde la liberalización del sector eléctrico, "hay una queja por parte de los regantes en que el coste de la electricidad es difícilmente soportable".

Según Navarro, el Ministerio de Industria y el de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino "vienen trabajando desde hace ya aproximadamente un año" para encontrar una salida, que no depende del Gobierno autonómico. Sin embargo, sí está apoyando esas gestiones y, según ha apuntado, "está próximo a encontrarse una solución satisfactoria".

Desde las empresas eléctricas, la asociación española del sector (Unesa) considera que la subida en un 4,8% no es suficiente para contener el déficit de tarifa, que este año podría situarse entre 4.500 millones y 5.000 millones de euros. "No entramos en consideraciones de tipo político, pero sí constatamos que con la subida no se va a contener el déficit", declararon a Europa Press fuentes de Unesa.