Fue en la asamblea general de la Caja Rural de Extremadura de diciembre de 2002. Los miembros del consejo rector, la comisión de control y también de la comisión ejecutiva cobrarían desde entonces dietas por asistencia, en el primero y segundo caso; y una asignación mensual en el tercero.

El asunto apareció en el punto 4 del orden del día y fue aprobado junto con otras ocho cuestiones más. Desde entonces, cada asistencia a una reunión del consejo rector (11 miembros más el presidente) o de la comisión de control (5 miembros) se cobraría a 300 euros brutos y el correspondiente kilometraje en idéntico importe al de los empleados de la Caja Rural, cantidades que se irían actualizando con arreglo al IPC de cada año referido a diciembre.

Además, cada miembro de la comisión ejecutiva (4 miembros más el presidente) percibirían 1.899,20 euros al mes, por doce pagas, con independencia de las reuniones que se llevaran a cabo cada mes (una media mensual de 3), importes que también se actualizarían en diciembre con arreglo al IPC. Ni el presidente de la entidad ni los consejeros que perteneciesen a su vez a la comisión ejecutiva tendrían derecho a dietas por asistir al consejo rector, dado que ya cobraban su retribución especifica.

Esta cuestión se ha ido prorrogando durante años (la comisión ejecutiva ha percibido del orden de los 23.000 o 25.000 euros al año) hasta que en 2013, ya con Román Prieto en la presidencia de la entidad, se pusieron en cuestión estas cuantías ante el consejo rector.

De hecho, en su reunión del 26 de marzo de 2013, según figura en el acta, el presidente decidió rebajar, con arreglo a la austeridad y el esfuerzo solicitado a la plantilla, las dietas por asistencia de 350 euros que ya se percibían entonces a 250 euros más el correspondiente kilometraje. La pertenencia al SIP constituido con Caja Rural del Sur impidió eliminarlas, dado que en Andalucía también se pagaban y era política de la entidad. Sin embargo, en el caso de la comisión ejecutiva no se hizo nada.

El caso es que ese día fue nombrado José Manuel Gómez Piélago director general de la Caja Rural de Extremadura. Hasta ese momento era jefe de zona en Cáceres y miembro de la comisión de control; contó con el beneplácito de Román Prieto, que fue quien lo propuso al Grupo Ibérico. Su llegada permitió la salida de José Casto, un director general impuesto por la Caja Rural del Sur, quien se hospedaba en el hotel NH 5 estrellas de Badajoz y pasaba facturas diarias de restaurantes de la ciudad más gastos personales adheridos a su cargo.