Los tabaqueros extremeños afrontan la recta final sobre el futuro de las ayudas europeas a este cultivo. Un debate que se ha pospuesto para los días 21 y 22 de abril después de que el pasado viernes se aceptara la propuesta de la presidencia irlandesa de la Unión Europea de retrasar la negociación final de la reforma del aceite de oliva, tabaco y algodón. El objetivo: que Elena Espinosa tenga tiempo para asumir el cargo como ministra española de Agricultura y Pesca.
La continuidad de las ayudas al tabaco se ha complicado en las últimas semanas. Mientras los países productores abogan por mantener la vinculación de las subvenciones la producción, la Comisión Europea es partidaria de establecer un pago único, desvinculado de la producción. Después de meses de negociación, de poco ha servido el respaldo que el sector tabaquero ha recibido de la Eurocámara y del Consejo Económico y Social Europeo.
En el último Consejo de Ministros de Agricultura, cinco países se mostraron partidarios del recorte que propugna el comisario Franz Fischler. Tras el último asalto, la Europa de los Quince queda ahora dividida en tres bloques claramente diferenciados.
El mapa engloba por un lado a los países que defienden que un 70% de las ayudas sigan vinculadas a la producción. Son el bloque mediterráneo --España, Portugal, Francia, Italia y Grecia--. En el lado opuesto se encuentran los países nórdicos --Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Países Bajos y Suecia--, que abogan por una desvinculación total de los subsidios por razones medioambientales y de defensa de la salud de los ciudadanos. Entre estos se encuentran además algunos de los estados que más aportan a las arcas de la Unión Europea.
El voto decisivo
Frente a estos dos bloques se encuentran el grupo de los moderados con Finlandia, Austria, Bélgica, Luxemburgo e Irlanda y de los que puede depender, en gran medida, el futuro de las ayudas. Estos cinco países están dispuestos a aceptar una rebaja en el contenido de la propuesta del comisario Fischler, que permitiría satisfacer a los países mediterráneos.
Pero el apoyo tiene un precio. La única condición que imponen es que los cambios que se consensúen en Luxemburgo se hagan bajo la base del respeto a la neutralidad presupuestaria, es decir que no conlleve una carga económica suplementaria para los Quince. Una decisión de la que viven pendiente unas 20.000 familias extremeñas.
