La temporalidad es un mal endémico del mercado laboral español. Lo han atestiguado en las últimas semanas varias sentencias y los datos indican que es un mal que salpica especialmente a la empresa privada pero que también ha entrado de lleno en los últimos años en la administración pública. Es lo que denuncia el sindicato Csif, que está recabando datos para evaluar la situación que hay en la administración extremeña. Por el momento destacan un dato: desde el 2010 al 2016 la temporalidad ha incrementado del 8% al 21% en la región. La variación supone además romper con la tendencia que se había seguido hasta ese momento y que suponía un progresivo descenso de los empleados interinos, especialmente en sectores como sanidad, educación, servicios sociales y justicia, hasta la cota del 8% que se rompió en el año 2010 .

A partir de ahí, denuncia el sindicato, se ha iniciado una tendencia al alza de esas cifras en base a «convocatorias de ofertas de empleo público que no han existido que lo han hecho pero limitando la tasa de reposición de las mismas», denuncia Benito Román, presidente de CSIF Extremadura. “Nos dicen que la tasa de reposición es del 100% en servicios básicos como justicia, sanidad o educación, pero estamos viendo que no se alcanza ese 100% y que lo que prima es el plan economicista ante la calidad de los servicios públicos para cuadrar cuentas. Hay muchos sectores que si solo atendemos a cuadrar cuentas se van a resentir la calidad de los servicios públicos», reivindica. Según los cálculos que han realizado, en estos años se han perdido 2.400 plazas en sectores básicos: 1.300 en Educación, 600 en Sanidad y 500 en Administración General.

La situación en sanidad, educación y servicios sociales es muy parejo, según señala el sindicato, que además alerta que no solo está aumentando la temporalidad «sino que está incrementándose la precariedad». Como muestra de ello, este año se han asignado en Educación 3.531 plazas en régimen de interinidad para este curso y de ellas 763 (21,6%) son contratos a media jornada.

«Estamos precarizando las plantillas y, o tenemos muy claro qué es lo que queremos en el futuro con las administraciones públicas o vamos a tener un serio problema», dice. La consecuencia de esa precarización es que se está produciendo una judicialización de cualquier decisión que se tome y de ahí las últimas sentencias del Tribunal Europeo de Justicia y especialmente una de ellas, tras la denuncia presentada por una enfermera de la sanidad madrileña que encadenaba contrataciones por días. El fallo alertaba en ese caso del deterioro del sistema sanitario español por el abuso de los eventuales.

JUBILACIONES/ A las limitaciones de la tasa de reposición y el retraso en la convocatoria de las ofertas de empleo público se añade otro problema que puede dejarse sentir en los próximos años: la edad media de la plantilla en las administraciones públicas ronda los 52 años y eso supone que habrá una oleada de jubilaciones que habrá que cubrir y «la administración irá abusando cada vez más de esas contrataciones temporales en plazas que deberían contar en realidad con puesto fijo», dice Román.

Por eso lo que plantea el sindicato es hacer «un estudio serio y pormenorizado», que analice las necesidades del empleo con el fin de implantar una oferta de empleo público acorde a las necesidades y capaz de reducir esa tasa de temporalidad. Y por eso se han opuesto desde CSIF a cambios como el introducido el pasado mes de agosto para impedir que los sanitarios prolonguen su actividad más allá de los 65 años: «porque esas jubilaciones no se cubren y lo que están haciendo es adelgazar de forma indiscriminada las plantillas». Lo que plantea CSIF es un estudio concienzudo de lo que realmente se necesita para el mantenimiento de los servicios públicos y que se cree un marco estable para que independientemente del gobierno que haya en la región los servicios públicos mantengan criterios con los que no varíen servicios básicos.

Este diario contactó con la Junta de Extremadura, que no ofreció respuesta.