La Confederación Española de Policía (CEP) ha solicitado al Consejo de Policía, máximo órgano de representación del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), la puesta en marcha de un plan de choque para frenar el incremento de agresiones, insultos y vejaciones de que están siendo víctimas los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones. En Extremadura, según el último anuario estadístico del Ministerio del Interior (2004), el 31% de la plantilla se ha visto afectada, en algún momento de su actividad profesional, por un episodio de violencia.

Los agentes de Policía, dentro del contexto nacional, han presentado hasta un total de 8.980 denuncias por delitos de atentado y 7.793 por resistencia a la autoridad, mientras que se contabilizaron 7.233 faltas de resistencia. En Extremadura hubo 250 funcionarios (166 en Badajoz y 84 en Cáceres) que denunciaron haber sido víctimas de un delito de atentado y resistencia a la autoridad, al tiempo que se tramitaron 380 denuncias que derivaron en faltas de resistencia y desobediencia (305 en Badajoz y 75 en Cáceres).

COMUNIDAD CASTIGADA Estos números, según señala el CEP, "explican que sea difícil encontrar un agente policial en Extremadura que no haya sido víctima de este tipo de agresiones". Las circunstancias que motivan este tipo de violencia suelen darse en las detenciones o en ambientes propicios, donde abundan las drogas o el alcohol.

La CEP propone iniciar un plan de choque que abriría la posibilidad de realizar propuestas de sanción por vía administrativa, con la aplicación de multas que oscilarían entre los 300 y los 30.000 euros, a aquellos ciudadanos que, con su actitud, menoscabaran el principio de autoridad de los agentes. Los representantes del sindicato policial basan su propuesta en el articulado de la ley orgánica sobre protección de la Seguridad Ciudadana, que recoge expresamente las sanciones derivadas de estas actuaciones. Además, la normativa otorga la posibilidad al CEP de personarse como acusación particular en todos los casos que afecten a sus afiliados.

Y es que las faltas de respeto han empezado a hacer mella en los funcionarios policiales, según la denuncia del sindicato policial. Los representantes del comité ejecutivo sostienen que las agresiones verbales y físicas a los funcionarios se han "multiplicado" y, de forma paulatina, se han incrementado hasta convertirse en "algo cotidiano" en la vida profesional de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Así, casos que podrían suponer una pena de prisión tipificada en el artículo 550 del Código Penal, acaban siendo reinstruidos como una falta, algo que acarrea una multa y que hace que resulte relativamente económico golpear a un agente.

El CEP ha alertado ante un fenómeno que, según su apreciación, ha alcanzado ya el rango de "epidemia laboral" por la gravedad de los hechos. El sindicato se remite al último anuario estadístico, que refleja un aumento del 5% en las infracciones al orden penal que acarrean "intimidación grave o agresión física contra agente de policía".