La totalidad de las gasolineras extremeñas incumple el Real Decreto 248/01, orientado a fomentar la competencia en la venta de carburantes, y que recoge como obligatorio que las estaciones de servicio ubicadas en las carreteras nacionales tengan carteles donde se informe de la distancia hasta las dos gasolineras más próximas en el sentido de la marcha y del precio de las gasolinas en éstas.
Según un informe elaborado por la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE), de las 53 estaciones de servicio ubicadas en la N-V, N-630, N-432, N-430 y N-435, sólo 30 han colocado un cartel, pero éstos no cumplen la ley, y en ninguno de ellos figura el precio de los carburantes en las otras gasolineras.
La UCE achaca estas deficiencias tanto a los propietarios de las estaciones de servicio --obligados a instalar los carteles, y a velar porque la información sea cierta-- como a la Administración, ya que "de nada sirve tomar medidas si luego no se aplican ni se vigila su cumplimiento".
El estudio de la asociación de consumidores apunta que en algunas zonas de la N-V y N-630 un conductor informado podría ahorrar un 7% en gasóleo, un 12% en súper y un 10% si usa sin plomo. En todo caso, la UCE se lamenta de que estas situaciones, en un mercado supuestamente liberalizado y en competencia, sean excepcionales, ya que lo habitual es que los precios sean prácticamente idénticos entre las gasolineras situadas en la misma carretera.
UNA ABERRACION
Por su parte, el presidente de la asociación extremeña de estaciones de servicio, Casto Bravo, señaló que la norma "es una aberración y una disposición imbécil". Bravo se preguntó por qué se trata de obligar a las gasolineras a dar información de la competencia "y, por ejemplo, no se obliga Carrefour a que ponga a cuánto valen los tomates en los supermercados más cercanos".
Además, el presidente de los gasolineros comentó que esta norma "sólo conduce a un efecto contrario al buscado, es decir, a que se concierten los precios, porque las estaciones de servicio no van a estar continuamente en lucha entre ellas", cuestión en la que, por cierto, coincide la UCE al señalar que si los gasolineros, como marca la ley, deben preguntar en la competencia los precios para ponerlos en el cartel contarán con información privilegiada, lo que puede ocasionar "la cohesión de precios".
Otro punto cuestionado por Bravo es que los gasolineros tienen que costear el cartel y su mantenimiento, "y como debe estar en terrenos de dominio público, según la ley, los empleados se niegan a ocuparse de él, porque está fuera del centro de trabajo". Además, añadió que "el gasolinero es responsable de que los datos sean ciertos, pero ¿cómo saber si cuando preguntas el precio a la competencia te dicen la verdad?". Por último, apuntó que "la web del Ministerio de Economía ya ofrece información sobre los precios".
