Doce mil folios, 44 volúmenes, 23 testigos, 11 peritos, 19 años de cárcel y 25 millones. Estas son algunas de las cifras que conforma el sumario del caso Caval, cuyo juicio comienza mañana en la Audiencia de Badajoz y cuya duración se prevé de más de dos semanas. La causa de la cooperativa hortofrutícola de Valdedelacalzada representa el caso penal más voluminoso que se celebra en Extremadura, según informa la agencia Efe. La vista se iniciará con el interrogatorio a los tres acusados: Manuel García, exgerente; Manuel Corrales, exdirector general, y María Texeira, esposa del exgerente, a quienes se les imputan delitos de fraude fiscal, falsedad, apropiación indebida y administración desleal.

La quiebra de Caval se conoció en 2009 tras la denuncia de algunos de los cooperativistas (eran 200 en total). En 2011, tras fracasar el plan de refinanciación, la empresa entró en concurso de acreedores, que supuso el fin de su actividad y el descubrimiento de un agujero de 25 millones de euros. Cinco años después, el fiscal solicita una pena de 19 años de cárcel para el exgerente por considerarle responsable de las pérdidas y por no haber sabido gestionar el negocio. Para Corrales, siete años de prisión y para Texeira tres. Sin embargo, la acusación particular requiere para Manuel García 33 años, además de 21 millones en concepto de responsabilidad civil; para el exdirector general 10 y para la mujer seis.

Según declara a Efe la letrada de la acusación particular, Rosalía Perera, espera que la sentencia sea modélica por la ruina que se provocó en la comarca y por el momento social que vive España.

Junto al Ministerio Fiscal y la acusación particular, en la causa también se han personado la Junta de Extremadura y la Agencia Tributaria a través de la Abogacía del Estado.

PENDIENTE DEL SUPREMO En paralelo a este juicio, el proceso de liquidación de la sociedad cooperativa se halla pendiente de un recurso presentado ante el Tribunal Supremo. Sus instalaciones llevan varios años arrendadas a Explum, una nueva cooperativa que nació con algunos de los socios de la antigua Caval.

Asimismo, la administración concursal presentó un recurso de casación, al que se adhirió la cooperativa, porque consideraba que las operaciones de refinanciación que se formalizaron con los bancos en 2010 eran contrarias a la ley y se hicieron en perjuicio de la sociedad hortofrutícola. El abogado de la cooperativa en el proceso mercantil, Pedro Antonio Pérez, resalta que el recurso está en una fase previa de admisión, en la que decide si se acepta o no sin entrar en el fondo de la cuestión.