Son dañinos como los incendios forestales, así que ahora: "Todos contra los cebos envenenados". Son las trampas que algunos desaprensivos --en la mayoría de los casos, cazadores que quieren evitar la competencia de las rapaces en sus cotos o ganaderos que pretenden defender sus rebaños-- colocan en el campo y que causan la muerte de muchas especies (ocho por cada pieza que pretenden cobrar), algunas de ellas protegidas.
Desde ayer, Extremadura cuenta con una Comisión Mixta de Seguimiento de la Ecotoxicología, que se encargará de coordinar los esfuerzos un problema que cada año causa la apertura de una treintena de expedientes judiciales (es un delito recogido en el Código Penal) en la región. No obstante, el director general de Medio Natural, Guillermo Crespo, asegura que la comunidad no está entre las que presentan más casos, ya que, destacó, la mitad de los que se registran en España se reparten entre Castilla y León y Andalucía.
No obstante, las organizaciones ecologistas puntualizan este dato asegurando que las zonas con mayor incidencia son aquellas donde se ejerce más vigilancia y lucha contra los cebos envenenados, o sea, que las estadísticas reflejen menos casos, no significa que lo sean. "Por ejemplo, en el 2001 se creó un grupo de investigación en Lérida, donde oficialmente no había veneno, y ahora ya han puesto a disposición judicial a más de 20 personas", explica Carlos Cano, responsable del Proyecto contra el Veneno de WWF.
Como él, Marcelino Cardalliaguet, delegado de SEO-Birdlife en Extremadura, lamenta que no se haya contado con las organizaciones ecologistas en la recién creada comisión --que cuenta con representantes de la Consejería de Agricultura y de Medio Ambiente, el Seprona, el sector cinegético, las fiscalías ambientales y la Uex--. "Incluso nosotros invitamos a la Junta a unirse al Programa Antídoto, una iniciativa nacional contra los cebos envenenados en las que colaboran las administraciones y las oenegés y declinaron la oferta".
Crespo, por su parte, aseguró que son muchos los años que la Junta lleva trabajando contra este problema, si bien ahora se da un paso más mejorando la coordinación entre los distintos sectores implicados. Asimismo, detalló que su objetivo es triple: aumentar la información sobre este tema, prevenir este tipo de actuaciones e incrementar el ritmo y la presión de la vigilancia y sanciones.
