La evaluación del cumplimiento del Programa Operativo de Extremadura (POEx) 2000/2006 cuando acaba de pasar su ecuador, contiene elementos, si no alarmantes, sí, al menos, que causan preocupación y obligan a forzar la máquina para recuperar el atraso acumulado.
En términos globales, y como ya informó EL PERIODICO, se han gastado hasta ahora 1.126,8 millones de euros, lo que supone menos del 64% de lo que debería haberse ejecutado a estas alturas. Quedarían por gastar, para el plazo que resta, algo más de 2.000 millones de euros, que, si no se ejecutan, se pierden.
Quizá por ello, la Comisión Europea (CE), en su reunión de hace un mes sólo asignó a Extremadura 94 millones de euros de la reserva de eficacia, que repartió 8.246 millones en función de la gestión de las distintas regiones. Lo que correspondió a la Comunidad Extremeña supone el 2,9% del presupuesto global del programa regional, cuando, según la propia CE, a quienes ejecuten con éxito se les añaden entre un 6% y un 9% de fondos adicionales.
Ejecución dispar
Analizando más en profundidad la situación, se aprecia que el retraso no está repartido de manera uniforme, sino que afecta más a unas actuaciones que a otras. El POEx está estructurado en siete ejes o líneas de actuación, además de un octavo para asistencia técnica.
De estos ejes, hay dos que destacan por su grave retraso, que son el número tres, con una ejecución del 43% --se han gastado 168 millones de los 393 programados-- y que se enfoca al abastecimiento y depuración de aguas, gestión de residuos y medidas contra la contaminación, y el número siete, ejecutado al 47% --56,6 millones de los 120 asignados--, y que alude al desarrollo de las zonas rurales.
En el extremo contrario, tres ejes superan la media con claridad y, sin haber cumplido lo marcado, sí han ejecutado por encima del 75%. Se trata del número uno --137 millones gastados sobre 178 asignados--, que contiene medidas de mejora de la competitividad y desarrollo del tejido productivo; el número cuatro --211 millones sobre 269--, que abarca tanto las infraestructuras educativas como las medidas contra el desempleo, y el número cinco --111 millones ejecutados sobre 145 asignados--, enfocado a las infraestructuras y equipamientos en poblaciones menores de 20.000 habitantes.
Los dos restantes, el dos y el seis, referidos a implantación de la sociedad de la información y a las infraestructuras de transportes y energía, rondan el 65% de ejecución, con gastos, respectivamente, de 50 millones sobre 79 programados, y 388 millones sobre 570.
La Junta atribuye los retrasos al anterior Gobierno, lo que puede ser cierto, pero sólo en parte. Como ejemplo, y tomando los ejes más retrasados, aunque el Ejecutivo central hubiese puesto todos los fondos que le corresponden sobre la mesa, el número tres sólo estaría ahora al 62%, mientras que el número siete no alcanzaría el 55% de ejecución.
Por otra parte, también es cierto que en los tres ejes más adelantados la participación del Gobierno central en la cofinanciación es nula o muy inferior a la de la Junta.
