El director general de Transportes de Extremadura, José González Rubio, ha reiterado hoy que la Junta no debe nada a LEDA y ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" tanto a los usuarios, porque las líneas de transporte se mantendrán, como a los trabajadores pues "serían subrogados" si otra empresa tuviera que prestar el servicio.

Se ha expresado así antes de comparecer en Comisión de la Asamblea, a petición del PP, partido que asegura que el Ejecutivo extremeño sí debe dinero a esta empresa, como lo demostrará con "documentación de la propia administración".

Por su parte, el director general ha insistido en que la Junta "no debe absolutamente ninguna cantidad a LEDA", la cual ha anunciado que dejará de prestar los servicios de varias líneas regulares de transporte público y de uso general de viajeros por carretera el 2 abril si la administración no le abona los "625.000 euros" que dice le adeuda.

González Rubio ha recalcado que "la Junta ahora mismo no adeuda cantidad ninguna a LEDA", ni en concepto de Obligación de Servicio Público (OSP) ni en concepto de la tarjeta SATE y ha precisado que "la última cantidad que se le pagó fue día 2 de marzo 100.000 euros correspondientes al último trimestre del SATE".

Además, ha subrayado que "la Junta asegura que el transporte se va a seguir prestando", con lo que ha pedido a los ciudadanos que "estén tranquilos que no se van a quedar sin el transporte".

También ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los trabajadores porque "en cualquier caso, si tuviera que prestarlo alguna otra empresa, se subrogaría a los trabajadores", a los que el Ejecutivo regional "apoya" y no va a consentir "que se queden en la calle".

Cuestionado por si se ha contactado ya con otra empresa para garantizar la prestación del servicio desde el mismo día 2 en caso de que LEDA renuncie, ha manifestado que "no se ha contactado con nadie" pero "sí están hechas las previsiones correspondientes" pues "no debe de haber ningún día" sin que se cubran esas líneas.

En cualquier caso, ha declarado que "todavía no se ha asegurado por parte de LEDA que lo vaya a dejar" y, por tanto, "no es momento todavía adecuado para hacer actuaciones que luego haya que retirar".

Ha indicado que no tiene "ningún inconveniente" en volver a reunirse "no una, todas las veces que haga falta", como ya ha hecho con LEDA, sus trabajadores y el comité de empresa "en múltiples ocasiones", como cuando surgieron problemas porque les "debían tres mensualidades" a los empleados que pagaron al cobrar el SATE.

González Rubio ha remarcado que "nadie trata de que LEDA se vaya, son ellos los que dicen que se van, nadie les está echando" y ha mencionado que como en toda relación comercial, "cada uno alegará lo que considere oportuno pero para eso está la documentación".

El portavoz de Economía e Infraestructuras del Grupo Popular, Víctor Del Moral, ha aseverado que el asunto LEDA "no es más que otra tomadura de pelo de Fernández Vara", que "iba a salvar a las empresas extremeñas y lo que está haciendo es hundirlas más y más".

"Probablemente el pecado original de LEDA sea que es una empresa extremeña porque si no fuera extremeña, ya hemos visto como diputados y consejeros de este Gobierno socialista se ponen a defender a capa y espada a empresas que vienen de fuera de la región a prestar un servicio de transporte en la comunidad", ha lamentado.

Según Del Moral, en la comisión van a "demostrar con papeles, con el propio expediente administrativo que tiene la Junta de Extremadura, como a LEDA se le debe mucho dinero", en concreto "más de 21 meses de prestación de servicio en el ámbito de la concesión", que "atiende a 91 localidades con más de 600.000 habitantes".

La Junta valoró el año de prestación del servicio "en 309.000 euros al año" y le deben "casi dos años" porque "les han pagado seis meses de los 27 que van desde el 1 de enero de 2016", ha añadido.

El diputado popular ha criticado que la Junta no reconozca y pague esta deuda, que no atienda "las demandas justas" de esta empresa que ha prestado los servicios desde el 1 de enero de 2016 hasta hoy mismo, en "una zona absolutamente deficitaria donde no se cubren ni el 30 % de los costes de la concesión".

No ha querido aportar una cifra concreta de la deuda pero ha dicho que "la empresa ha reclamado más de 1,1 millón en un escrito que registró el viernes en la Dirección General de Transportes".

Igualmente, ha asegurado que "les han pedido (a la empresa) que preste los servicios e incluso le han dicho, en conversaciones privadas, el director general que él no puede pagarle porque tiene problemas administrativos, pero acudiría con ellos a los juzgados gustoso para decirle al juez: ordéneme que yo le pague".