Más de 200 trabajadores del transporte sanitario se concentraron ayer frente a la residencia del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, para exigir a la Junta «un plan de viabilidad» tras la adjudicación de este servicio a la empresa andaluza Ambulancias Tenorio.

Constituidos en la Plataforma de Trabajadores de Ambulancias de Extremadura en defensa del Sector (Teads), protagonizaron una sonora pitada frente a la casa de Fernández Vara en Mérida, llegando incluso a colapsar en algún momento el tráfico de la avenida José Fernández López de la capital autonómica. «Más con menos: no nos lo creemos» o «ni mentiras ni promesas incumplidas» fueron algunas de sus consignas.

El portavoz del colectivo, Rubén Serradilla, insistió en que la oferta de la compañía andaluza «no es viable» y aseguró que tanto sus condiciones laborales como la calidad del servicio que reciben los usuarios van a empeorar. «Si son 25 millones y las nóminas solo cuestan 29, ¿cómo van a pagarnos y mantener el servicio?», se preguntó. Así, señaló que la nueva empresa «va a intentar hacer de cualquier manera contratos basura» a los conductores y «despedir a la gente más antigua».

Según Serradilla, el 90 % de los conductores están «totalmente indignados» con la Junta de Extremadura y el propio titular de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, cuyas palabras no les tranquilizan.

Precisamente al hilo de la protesta, el consejero hizo ayer «un llamamiento a la calma» y reiteró que los pliegos del contrato se cumplirán «a rajatabla» tanto en la parte técnica como en la social. «Los 842 conductores y técnicos de transporte sanitario serán directamente subrogados», aseguró Vergeles, que recordó que el nuevo contrato supondrá un aumento del número de ambulancias.