Una campaña de la Dirección General de Tráfico (DGT) en la que participarán 400 agentes de la Guardia Civil desde ayer hasta este viernes inspeccionará a casi 150 vehículos extremeños dedicados al transporte escolar para tratar de evitar accidentes.

La delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, explicó en Badajoz que la iniciativa incidirá en las autorizaciones y documentos, condiciones técnicas, elementos de seguridad o tiempos de conducción y descansos, entre otros aspectos.Los controles se realizarán principalmente en carreteras convencionales y vías urbanas, los espacios más utilizados por este tipo de vehículos.

La última campaña de este tipo realizada en Extremadura se llevó a cabo entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre, y de los 113 vehículos controlados, 75 en la provincia de Badajoz y 38 en la cacereña, se denunció a 89 por 189 infracciones. 85 denuncias se llevaron a cabo por problemas con la autorización especial de transporte escolar aunque, como ha explicado Herrera, muchas de ellas se produjeron por no haberse recibido aún la renovación de la tarjeta específica, aunque sí la habían pedido. «En este caso los agentes están obligados a imponer la multa», apuntó la delegada del Gobierno pero finalmente, tras atestiguar que se solicitó la renovación, no se llevan a cabo.

Otras denuncias interpuestas durante la última campaña tuvieron que ver con el seguro de responsabilidad civil ilimitada (30), puertas de servicio y emergencias y sus dispositivos de accionamiento (19), señal de transporte escolar V-10 (tres) o permiso de conducción (tres).

También se atestiguaron infracciones en concepto de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), cinturones de seguridad u otros sistemas de retención homologados o acompañante (una en cada caso).

Herrera, que estuvo acompañada por el jefe provincial de Tráfico en Badajoz, Ignacio Martínez, y por el jefe de Tráfico de la Guardia Civil en Extremadura, Héctor David Pulido, destacó que en la última campaña no se pusieran denuncias por infracciones como el exceso de velocidad o el consumo de alcohol o drogas. El Gobierno y la DGT pretenden lograr que no haya ningún fallecido por no llevarse el correspondiente sistema de retención infantil y controlar que se realiza bajo el seguimiento de las normas.