El sector del transporte público reclama a las administraciones medidas para garantizar el cobro de los servicios que prestan. Según denuncia la Asociación de Empresarios de Transportes de Extremadura (Asemtraex), la crisis económica ha provocado una reducción del 30% en la actividad de estas compañías --en algunos subsectores, como los ligados al traslado de áridos, materiales de construcción o vehículos, la bajada es de hasta el 75%-- y un incremento de la morosidad. Dos situaciones que, aseguran, constituyen una amenaza para los cerca de 5.000 puestos de trabajo directos que este sector genera en la región.

El secretario general de Asemtraex, Alonso Sánchez Alvarez, presentará hoy ante la Junta de Extremadura un escrito con 12 propuestas para aliviar la situación de asfixia que vive el sector. Entre esas medidas está la aplicación "real y eficaz" de la Ley de Lucha contra la Morosidad y garantías de que el cobro se realice a los 30 días --60 para las administraciones públicas-- como fija la normativa. "Esto sería fundamental para dar liquidez a las empresas. Algunas están cobrando a 200 días, lo que se suma a la falta de créditos de cajas y bancos", explica Sánchez Alvarez.

Pero el sector también exige otras garantías, como que se endurezcan las sanciones por el pago con cheques sin fondos o que el cargador o contratista principal tenga una responsabilidad subsidiaria en caso de impago por parte de una subcontrata.

Además, como ha ocurrido en la construcción, solicitan que se fije un máximo de tres subcontrataciones o intermediarios por operación. "Porque actualmente existen cadenas interminables de contratación que, en unos casos obliga a los transportistas a trabajar incluso perdiendo dinero, y en otros provoca que los intermediarios no paguen", advierten en Asemtraex, donde también piden que se establezca en los concursos y adjudicaciones públicas un precio mínimo por servicio prestado.

SIN COSTE ECONOMICO El presidente de este colectivo defiende la coherencia de sus propuestas argumentando que apenas tendrían transcendencia económica para las arcas públicas: "No pedimos dinero, sino cambios legislativos para asegurar nuestros ingresos".

Asemtraex está compuesta por unas 350 empresas del transporte público de mercancías (carga, movimiento de tierras, ganado, mudanzas, mercancías peligrosas) y de viajeros y cuenta con una flota de 3.500 vehículos. Sánchez Alvarez asegura que la crisis de momento no está ocasionando el cierre de negocios, pero sí "reducciones de plantilla ". Además, se han disparado las peticiones para acogerse a las ayudas por abandono de actividad: de las 20 registradas en todo el 2007 se ha pasado a más de 100 durante el año pasado.

Otra de las situaciones con las que se están encontrando es que hay empresarios que comienzan a operar en el sector sin tener toda la documentación en regla. "Para reducir gastos dejan de pagar seguros, impuestos, permisos...", advierte Sánchez Alvarez, que lamenta la precariedad en la que está entrando el sector y reclama una intervención inmediata para ayudar a estas empresas.