Primero fueron los trabajadores despedidos, luego los representantes sindicales y ayer tuvieron el turno de palabra los gerentes de las dos empresas que se traspasaron el pasado noviembre el servicio de las ambulancias en Extremadura. La comisión parlamentaria que investiga el concurso del transporte sanitario celebró ayer su cuarta sesión en un ambiente que cada día se va calentando más y en el que se siguió hablando de despidos, de boicot, de amenazas,... «Pero el presidente Vara no se inmuta ante la injusticia», espetó Eulalia Fontán, la exgerente del Consorcio Extremeño del Transporte Sanitario, que durante años gestionó el servicio de ambulancias en la región.

Fontán señaló que a Fernández Vara «no le importan» los cien despidos que, según ella, ha realizado la actual concesionaria, Grupo Tenorio, y puso en duda que esta comisión vaya a aclarar algo. «Los diputados ya traen sus ideas preconcebidas para defender sus intereses políticos». No confía en los parlamentarios pero tampoco en los comparecientes: «son marionetas de un circo que mueven los grupos».

¿Un concurso a medida?

Fontán aseguró ayer durante su intervención que el problema del traspaso sanitario parte de un insuficiente precio de licitación -40 millones- y negó que haya sido fruto de «sabotaje» o una «guerra entre empresas». La exgerente aseguró que basar el concurso únicamente en el precio acarreaba «peligros potenciales, como luego se ha visto», y aclaró que el consorcio nunca quiso un concurso «a su medida», sino que se valorara los puntos en los que eran «fuertes», informa la Agencia Efe.

La exgerente insistió en que enviaron la información necesaria para facilitar el relevo y que la «clave» para garantizar la normalidad en el servicio estaba en el plan de trabajo que dependía de la nueva concesionaria. Sin embargo, tras escuchar en la sala el audio de un hombre en el que decía que si se seguía aprentando la nueva concesionaria no aguantaba un mes, la portavoz socialista, Ascensión Godoy, mantuvo que eso evidencia que se estaba «boicoteando» a la nueva empresa.

Tras el rifirrafe surgido entonces, llegó el turno de palabra del gerente Ambulancias Tenorio, Javier Sánchez, que insistió en el boicot. Hubo, dijo, amenazas a los trabajadores por parte de la anterior concesionaria, «que en ningún momento colaboró para la subrogación de los empleados». Denunció que no entregó la información requerida y que cambiaba continuamente los turnos de los trabajadores para que no pudieran acudir a firmar sus nuevos contratos. De hecho, aseguró, tuvieron que materilizar la subrogación en sábado y domingo. «La gran mayoría de los trabajadores lo han pasado muy mal, incluso muchos acudían a mi despacho llorando tras las amenazas recibidas», señaló. Aún así, insistió en que fueron subrogados «todos los trabajadores que eran subrogables» y que la plantilla actual ha crecido con respecto a la anterior concesionaria. A los 800 trabajadores se han sumado cerca de 130 taxistas rurales que antes no estaban contratados.

El gerente de Tenorio precisó que los problemas comenzaron cuando se negó a dar el puesto que exigía la persona que estaba al mando de la central de coordinación para ella y para su marido, recoge Efe. Así, Sánchez reiteró que el concurso fue «legal», que utilizan el programa informático más implantado en el sector del transporte sanitario y que los vehículos de que dispone «cumplen todos los requisitos técnicos o más que pide la legislación».