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SON LOS PRIMEROS LOCALES TRAS ACABAR LOS 6 MESES DE ADAPTACION A LA NORMA.

Tres ´afters´, denunciados por incumplir la ordenanza de ocio

Están en la Madrila y se levantaron actas por dar un servicio que no se adapta a su licencia.El ayuntamiento abre expedientes por infracción muy grave y no descarta claus

C. ORTIZC. ORTIZ
12/01/2010

 

El ayuntamiento comienza a denunciar a los bares que actúan como afters en la Madrila, reabriendo a las seis de la mañana, al considerar que están incumpliendo la ordenanza del ocio, aprobada el verano pasado y de la que ya ha finalizado el período de adaptación de seis meses.

Según precisó ayer el concejal de Seguridad Ciudadana, Carlos Jurado, durante el pasado fin de semana agentes de la policía local levantaron actas en tres locales de copas, cuyos nombres no quiso hacer públicos, situados en la plaza de Albatros. Todos fueron denunciados "por incumplimiento de la ordenanza municipal" en el apartado de la norma referido "a la inadecuación del ejercicio de la actividad a lo establecido en su licencia".

Esta infracción se califica "como muy grave" en el texto de la normativa municipal y puede conllevar multas de 12.001 euros hasta 300.000 e incluso la revocación de la licencia o la clausura definitiva, total o parcial de las instalaciones. Jurado añadió que los servicios municipales incoarán los respectivos expedientes y propondrán la sanción correspondiente, para lo que calculó que harán falta unos tres meses. A continuación, se abrirá un período de alegaciones para que los afectados puedan recurrir. El instructor de cada caso podrá proponer, según Jurado, "la clausura temporal" del negocio si lo considera oportuno, algo que podría producirse en el plazo de 15 días, siempre según la versión del concejal.

Además de estos tres locales, añadió que también fueron denunciados otros tantos por incumplimiento en los horarios de cierre. En este caso es la policía la que levanta acta, pero los expedientes son tramitados por la Dirección General de Justicia e Interior de la Junta de Extremadura, competente para establecer las sanciones correspondientes a los denunciados.