Romangordo, Serrejón y Saucedilla llevan varios años unidos con un mismo fin: conseguir que el embalse de Arrocampo se integre como parte de la central nuclear de Almaraz y como tal sea reconocido de forma oficial. Su lucha, iniciada en 2006, ya ha llegado al Supremo.

El pantano está considerado como parte de la instalación nuclear por la propia planta, propiedad de Iberdrola, Endesa y Unión Fenosa, el Consejo de Seguridad Nuclear e incluso el Tribunal Económico-Administrativo Central, que en el 2007 dio la razón a estos tres municipios porque la presa se construyó en 1973 de forma simultánea a la planta para refrigerar su turbina. Pero no todas las altas instancias mantienen tal contemplación para Arrocampo.

El pasado noviembre, la Audiencia Nacional rechazó que el pantano sea una pieza más de la planta atómica. Pero los municipios no cesaron en su empeño y el asunto está en manos del Supremo tras un recurso de casación que los interesados esperan que se resuelva "pronto", aunque podría demorarse un par de años, explica el secretario del Ayuntamiento de Serrejón, Antonio González.

El motivo de estos tres municipios no es otro que el propio beneficio de los pueblos por el aprovechamiento de parte de sus tierras. Hasta el momento es Almaraz el único que recibe la recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que paga la central, pero la lucha por la distribución de este impuesto no ha hecho más que empezar y el Ayuntamieno de Almaraz no es el único impedimento en la pugna por la riqueza municipal.

La recaudación por este impuesto supondría una inyección de unos tres millones de euros para estas tres poblaciones, repartidos en función de la superficie de cada término afectada por la presa que enfría el agua de la central. Así, el más beneficiado sería Saucedilla que recaudaría dos millones de euros correspondientes al IBI de la central; 800.000 euros corresponderían a Romangordo y 200.000 a Serrejón, según explica González.

"ALMARAZ NO QUIERE REPARTIR" "El pantano se construyó expresamente por la central, eso lo sabe todo el mundo", por eso González considera que la interpretación de la Audiencia Nacional no es la más acertada y no cejará en su empeño. Esta controvertida lucha enfrenta también a estos municipios con Almaraz, que no ha respondido a este diario. "Es lícito que esté en contra. No quiere repartir el impuesto". En Romangordo, la alcaldesa prefiere no hacer declaraciones hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo.

Estos tres municipios, junto a otros 16 del entorno de la central almaraceña, perciben fondos de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos para compensar la proximidad de la instalación y el almacenamiento de residuos de alta actividad en el interior de la planta. La distribución se realiza mediante una asignación porcentual establecida según la superficie de termino municipal incluida dentro del radio de acción de la central, la distancia hasta la planta y el número de habitantes de la localidad. Así, Saucedilla y Serrejón reciben en torno a los 400.000 euros y Romangordo unos 200.000 euros.