El Tribunal de Cuentas ha atribuido a la región un déficit de 50,4 millones de euros (8.417 millones de pesetas) en el ejercicio de 1999, último informe definitivo de este tribunal, en contra de lo declarado por la Junta ese mismo año, que cerraba las cuentas con un superávit de 6 millones de euros (1.022 millones de pesetas). El Gobierno regional no quiso valorar ayer este informe, aunque reconoció que es el último "definitivo" que ha realizado el Tribunal de Cuentas después de las "alegaciones presentadas por la Junta", si bien es cierto que "hay otros provisionales de años posteriores", señalaron a EL PERIODICO EXTREMADURA fuentes del Ejecutivo regional.
Según el Informe de Fiscalización del Sector Público Autonómico correspondiente a 1999, al que tuvo acceso la agencia Efe, el conjunto de las comunidades autónomas tuvieron en el año 1999, un déficit global --restando ingresos y gastos-- de 16,8 millones de euros (12.800 millones de pesetas), y no un superávit de más de 60 millones de euros (10.000 de pesetas), como sostenían en sus cuentas las administraciones regionales.
Las mayores discrepancias se dan en Extremadura, donde el Tribunal de Cuentas cifra una deuda de 50 millones de euros de déficit (8.400 millones de pesetas), frente a superávit de más de 6 millones de euros (1.000 millones de pesetas) que declaró; así como en Aragón, que habría terminado el ejercicio con 228.000 euros (38 millones de pesetas), y no 27 millones de euros (4.489 millones de pesetas).
En el caso del País Vasco, el Tribunal estima que el superávit fue mucho mayor que el recogido en sus cuentas y en los de Castilla-La Mancha, Galicia y Navarra no aplica aumentos ni disminuciones.
REMANENTES
Este organismo también expone salvedades a los remanentes de Tesorería que declaran las comunidades autónomas, que no serían de 577 millones de euros (97.000 millones de pesetas), sino de algo más de 72 millones de euros (12.000 millones de pesetas).
En sus conclusiones sobre las cuentas de las regiones del año 1999, el TC subraya asimismo que las modificaciones de crédito han supuesto un 12% de los inicialmente aprobados, porcentaje que se eleva hasta el 22% en el caso de las universidades --que dependen de las CCAA--, y advierte que en general no se justifican esas desviaciones.
El informe recomienda a las comunidades mayor rigor en la comprobación de los requisitos de los beneficiarios de subvenciones y en la comprobación de que éstas se usan para la finalidad para la que fueron concedidas.
Entre los aspectos positivos, el Tribunal subraya que las administraciones regionales y sus organismos y empresas dependientes han mejorado el cumplimiento de sus obligaciones con el TC ya que el 85,5% rindió sus cuentas en el plazo establecido.
