El Tribunal de Cuentas ha detectado «prácticas inadecuadas» en la contratación de personal por parte de determinadas sociedades, fundaciones y consorcios públicos autonómicos extremeños, según recoge el informe de fiscalización de Extremadura correspondiente al ejercicio 2014, informa EFE.
Dichas prácticas «inadecuadas» responden por la falta de acreditación de las razones urgentes e inaplazables que motivaron dichas contrataciones, así como por la concatenación de contratos temporales, tal como recoge el informe del Tribunal de Cuentas. En este sentido, se añade que «la utilización indebida» de los contratos de obra y de servicio —para amparar relaciones de naturaleza indefinida— ha supuesto tener que reconocer, por parte de la Administración General y de un ente público, «relaciones laborales de carácter indefinido que afectaron a un total de 169 trabajadores».
En materia de recursos humanos, el tribunal no ha podido analizar la caducidad de las ofertas de empleo, conforme a lo previsto en el Estatuto Básico del Empleo Público, debido a «la indeterminación de la distribución de plazas, tanto en las sucesivas Ofertas de Empleo Público aprobadas como en las posteriores convocatorias». A 31 de diciembre de 2014, permanecían pendientes de resolución 576 plazas convocadas correspondientes a las Ofertas de Empleo de los ejercicios 2010 y 2011, se añade.
Otras de las observaciones hace referencia a la sociedad Gestión y Explotación de Servicios Públicos Extremeños SA, que, en contra de lo previsto legalmente, «viene obteniendo un margen de beneficio derivado de la sobrevaloración de las tarifas por encima del coste real del servicio que presta».
ENCARGOS PARA FEVAL / Asimismo, la sociedad Feval Gestión de Servicios SL. —pese a estar inmersa en 2014 en un proceso de disolución— sigue recibiendo encargos de encomiendas de gestión, mientras que «permanecen sin registro contable los derechos de uso gratuito de instalaciones de la Junta por la Sociedad de Gestión de Bienes de Extremadura SA y Gestión y Explotación de Servicios Públicos Extremeños SA».
A pesar de estas consideraciones y de otras de carácter económico y de procedimiento, el Tribunal de Cuentas ha aprobado el informe de fiscalización 2014 de Extremadura, en el que se recogen los resultados del control económico-presupuestario de la actividad desarrollada por la Administración de la comunidad y las entidades que integraban su sector público en el citado año.
Entre las conclusiones expuestas destaca también que, si bien en el ejercicio anterior el remanente de tesorería fue negativo, por un importe de 166 millones de euros, «durante 2014 se han financiado incorporaciones de crédito con remanente de tesorería por un total de 18 millones de euros».
Por otra parte, el 97% de las modificaciones por mayores ingresos se financió «con compromisos de ingresos de los que no se acredita que se haya realizado su adecuado seguimiento».
Respecto al presupuesto de gastos de la Administración General, la fiscalización observa que existe una infravaloración de las obligaciones reconocidas, por un importe de 56 millones de euros. Esta cantidad se debe fundamentalmente a «una inadecuada imputación presupuestaria de la variación neta de pasivos financieros». Asimismo, tal como recoge el informe, la Administración General mantiene un saldo pendiente de imputación al presupuesto de 23 millones de euros, de los que 12 millones proceden de deudas por tributos locales correspondientes a los ejercicios 2008 a 2012.
La fiscalización analiza, especialmente, la ejecución anual de los Presupuestos Generales de la comunidad extremeña, la estabilidad presupuestaria, los mecanismos extraordinarios de financiación e instrumentos de lucha contra la morosidad, la gestión de los gastos de personal, la actividad subvencionadora, el gasto sanitario y el endeudamiento financiero, entre otros aspectos.
En relación con la ejecución del presupuesto de ingresos, el Informe señala que los derechos presupuestarios del ejercicio 2014 se encuentran infravalorados en un total de 14 millones de euros y, por otra parte, el importe de los deudores presupuestarios que se encuentran en riesgo de prescripción alcanza los 37 millones de euros.
Por lo que se refiere al balance, las incidencias encontradas en la contabilización del inmovilizado no financiero afectan, de una forma significativa, a la representatividad de la situación económica y patrimonial de la Administración.
