Cuando José Alberto Cabañés se planteó aceptar la propuesta de formar parte de las listas del PSOE al Congreso por Badajoz, apartó su larga trayectoria profesional como ginecólogo para dedicarse de "modo exclusivo" a la actividad política y a su familia. Podría haber seguido ejerciendo como médico, porque lo hacía en un centro privado, pero prefirió conciliar actividades y evitar posibles incompatibilidades.
Pero no todos los diputados del Congreso (350) han seguido los mismos pasos que Cabañés. Algunos mantienen sus negocios y esos ingresos extras han generado ciertas dudas en el hemiciclo. Por eso, desde filas socialistas, con el apoyo de Izquierda Unida, se pretende dar mayor transparencia a las actividades por las que sus señorías reciben algún tipo de beneficio al margen del trabajo parlamentario. "Quien no tienen nada que ocultar no tiene nada que temer", apuesta Carlos Trujillo, diputado nacional por del Grupo Socialista por la provincia de Cáceres. "Debería existir total trasparencia", le respalda su compañera Soledad Pérez.
Actualmente los diputados deben notificar al inicio de la legislaturas todos sus ingresos. Aquellos ajenos al cargo que ocupan en el Congreso, deben ser aprobados por una comisión que vela por el cumplimiento de las incompatibilidades. Así, según las limitaciones que impone la Ley Electoral, los diputados no pueden percibir ningún tipo de dinero público, con las únicas excepciones de la universidad y de las dietas por asistencia a plenos de ayuntamientos y otros organismos públicos. "Si además de diputado eres concejal o alcalde, tienes que renunciar a estos salarios y quedarte únicamente con el de la Cámara", aclara María José Solana, que ocupa uno de los escaños del PP en Madrid y es edil del Ayuntamiento de Badajoz.
LO QUE DECLARAN
Ninguno de los 10 diputados elegidos en las últimas elecciones generales declaran actividades que puedan entrar en conflicto con su puesto en el Congreso. Solo los populares Amador Alvarez, Mariano Gallego, María José Solana y Alberto Cabañés tienen algún cargo municipal; el resto o no declara actividades o son autorizadas, como la producción o creación literaria o la participación en tertulias de medios de comunicación, actividades que se consideran extensiones de la función parlamentaria. Mariano Gallego, alcalde de Don Benito, percibe además una pensión por invalidez permanente; sin embargo, como recoge la Ley Electoral, ésta queda suspendida hasta la extinción de su condición de diputado --la mayoría de criterios son los mismos para el Senado--.
Pero no sólo se trata de compatibilizar ingresos. El trabajo, aseguran, es intenso. "Exige mucha dedicación", según Soledad Pérez; "aunque es menos sacrificada que la municipal", apunta Alejandro Ramírez, del PP. Y para quienes tienen que conciliar cargos en Madrid y en sus ayuntamientos, la labor no es tan sencilla: "Todo depende de las circunstancias de tus concejalías; además, con las nuevas tecnologías, no hace falta que estés físicamente en tu despacho de concejal para trabajar en asuntos locales", atestigua María José Solana, con la que coincide Cabañés: "Ahora puedes estar al día y cumplir con tus obligaciones". "En mi agenda ya casi no existen los domingos ni fiestas de guardar", lamenta Soledad Pérez, que también es responsable de Bienestar Social de la Ejecutiva Federal del PSOE.
