La consejera de Presidencia, María Antonia Trujillo, reconoció que la negociación con el Estado para el traspaso de competencias en Justicia será ardua, una vez que la Junta va a pelear para que "los justiciables tengan en Extremadura un servicio público de justicia decente".

Trujillo aseguró que de momento la Administración autonómica no ha cuantificado los costes efectivos de la trasferencia de competencias, al tiempo que indicó que, aunque se está avanzando en el Pacto de Estado para la Justicia, éste no se podrá llevar a cabo sin que el Gobierno lo acompañe de la financiación correspondiente.

En cuanto al proceso de transferencias, en diciembre se constituyó la ponencia técnica y actualmente se están creando los grupos de trabajo. "Después de las elecciones se retomará el tema de las transferencias", avanzó.