Un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Mérida habrá de hacerse cargo de la causa judicial que contra el exconsejero de Cultura de la Junta de Extremadura, Francisco Muñoz, y el fotógrafo extremeño José Antonio Moreno Montoya, por un presunto delito contra los sentimientos religiosos, se encontraba en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Se derivó de la denuncia que a mediados de marzo presentó el PP ante la Fiscalía del TSJEx --se han sumado las de una decena de asociaciones católicas-- por estimar que las fotografías de Montoya y el catálogo Sanctorum que de las mismas editó la Consejería de Cultura podrían ser constitutivas de dicho delito.

La denuncia se admitió a trámite y la causa pasó a la Sala de lo Civil y Penal del TSJEx, competente en los casos que afecten a personas aforadas, condición que entonces, como consejero de Cultura, correspondía a Francisco Muñoz. Se hizo cargo de su instrucción la magistrada Manuela Eslava que ahora, a través de un auto, declara la "falta de competencia de la Sala de lo Civil y Penal del TSJEx para el conocimiento de esta causa"; así como su "inhibición a favor del juzgado de instrucción de Mérida que por el turno de reparto corresponda" y al que serán remitidas todas las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora.

MOTIVACION En el auto dictado se establece que el TSJEx dejó de ser competente en estas diligencias desde que el pasado día 30 de junio fue publicado en el Diario Oficial de Extremadura el decreto de cese en sus funciones de Francisco Muñoz, quien desde esa fecha dejó de ser consejero y, en consecuencia, perdió la condición de aforado.

Ante este hecho, el TSJEx establece que las actuaciones se remitan al Juzgado Decano de Mérida, por estar domiciliadas en esta ciudad la Consejería de Cultura y la Editora Regional de Extremadura, dependiente de la primera y responsable de la edición de la obra Sanctorum, que contiene las fotografías de Montoya --polémicas y criticadas por muchos católicos creyentes por exhibir a figuras del cristianismo en actitudes eróticas-- que motivaron las denuncias.

Ahora habrá de ser el Juzgado de Instrucción de Mérida al que por reparto llegue la causa el que resuelva si hay o no delito y, en caso de existir, quién o quiénes son los responsables. Habrá de determinar también si el delito, de existir, habría prescrito, lo que como ya publicó este diario en su edición del pasado 1 de julio podría ocurrir.