El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) notificó ayer la paralización del derribo del complejo turístico Marina Isla de Valdecañas hasta conocer los resultados de un informe pericial judicial encargado por la propia sala. Esta decisión fue dada a conocer por el Gobierno extremeño a través de un comunicado en el que subrayó que "responde a la petición del Ejecutivo regional de efectuar una evaluación independiente, dada la imposibilidad de ejecución de la sentencia anterior, que pedía la demolición".
A inicios del 2014, y tras ocho años de lucha judicial, el Tribunal Supremo confirmaba la ilegalidad del complejo, que ya había sido determinada por el TSJEx en el 2011. Dos fallos del alto tribunal obligaban entonces a devolver a su estado original la Isla de Valdecañas, situada en los municipios cacereños de El Gordo y Berrocalejo. En ella se ubican un campo de golf, un puerto deportivo, 185 villas de lujo y un hotel.
Ahora, mediante el auto dado a conocer ayer, el TSJEx acepta lo solicitado por el Gobierno autonómico, y acuerda que se lleve a cabo una evaluación pericial de la incidencia que la construcción de esta infraestructura turística ha tenido sobre el hábitat protegido, ya sea esta perjudicial, neutra o beneficiosa, y cuáles serían también las consecuencias que conllevaría una eventual demolición. La redacción de este informe se encargará a "una institución pública de reconocido prestigio internacional", como es la Estación Biológica de Doñana, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que había sido propuesta por las asociaciones ecologistas demandantes (Adenex y Ecologistas en Acción). En caso de no aceptarse, correspondería al Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Según detalla la Junta en la mencionada nota, otras dos cuestiones que deberá dilucidar este informe es, por un lado, si existía justificación para que el espacio ocupado por la urbanización fuera incluido en la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) por ser hábitat de reproducción y conservación de alguna especie de avifauna amenazada de extinción. Por otro, si los estudios y criterios técnicos que sirvieron de base a la declaración de impacto ambiental reflejaron fielmente los efectos sobre el ecosistema del proyecto.
Tras la sentencia del pasado año, los Servicios Jurídicos del Gobierno regional formularon ante el TSJEx, órgano encargado de la ejecución de la sentencia, un incidente en el que se expresaba la imposibilidad de ejecución, argumentando tanto cuestiones legales como materiales.
Dentro de las primeras, la Junta arguye que tras la aprobación del Plan de Interés Regional (PIR) --que es el que servía de base a la construcción y que había sido anulado por el Supremo-- se han producido diversas modificaciones legislativas que avalarían actualmente esta edificación.
Entre los argumentos materiales, se considera que que la construcción del complejo Marina Isla de Valdecañas no ha ocasionado daños ni al medioambiente en general ni a la población avifaunística en particular, que fue la que justificó la inclusión de estos terrenos en Red Natura 2000. En este sentido, se sostiene que reducir a ruinas ahora este complejo podría ser fuente de perjuicios más graves y mayores en el entorno.
