El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite las cuarenta cuestiones de inconstitucionalidad que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha planteado a la ley que regula el denominado impuesto ecológico de la Junta, que grava a las infraestructuras de producción y transporte de energía que incidan sobre el medioambiente.

En este sentido, las cuestiones presentadas ante el Constitucional por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJEx plantean que la norma extremeña --aprobada por el Parlamento autonómico en 1997-- podría incurrir en una vulneración de hasta cuatro artículos de la Constitución Española y otro más de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas (Lofca). Los artículos supuestamente vulnerados se refieren, de forma específica, al derecho que tienen los ayuntamientos a "disponer de medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones", para lo que "se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las comunidades".

Así, parece que el contenido de las cuestiones de inconstitucionalidad, que aún no se ha hecho público, se refiere a una posible falta de compensación económica por parte de la Junta a los ayuntamientos a la hora de distribuir los ingresos recaudados por este impuesto.

Se da la circunstancia de que hace sólo unos meses el Gobierno central llegó a un acuerdo con la Junta para retirar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra este mismo impuesto, a cambio de lo cual el Ejecutivo regional se comprometió a modificarlo este año.