La Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) advirtió ayer de que la instalación de cámaras de seguridad en las calles deben asegurar el respecto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. La organización explicó que las imágenes sólo pueden servir para la protección de los bienes y libertades de las personas. Además, tienen que destruirse en el plazo de un mes desde su captación, salvo que se relacionen con infracciones penales o administrativas graves, con una investigación policial o con un procedimiento judicial abierto. La UCE recuerda que hay que informar a la población de su instalación.
