Tras más de un año y medio de negociaciones, la reforma de la Organización Común de Mercados (OCM) del vino llega a su recta final. Los ministros de Agricultura de los 27 países miembros de la Unión Europea (UE) se reúnen a partir de hoy en Bruselas para cerrar los cambios que experimentará un cultivo que en Extremadura alcanza las 100.000 hectáreas --solo por detrás del olivar-- y mueve más de un millón y medio de jornales al año y un millar de empleos directos. Así, en torno a 10.000 productores extremeños están pendientes de lo que ocurra en Bruselas, desde donde hasta ahora llegaban a la región unos 44 millones de euros anuales en ayudas, según estiman organizaciones como la Asociación de Empresas Vinícolas de Extremadura (Asevex) o UPA-UCE.
El Consejo que comienza hoy podría durar hasta el miércoles y en el mismo se esperan intensas discusiones, puesto que pese a los avances logrados, aún quedan por consensuar muchos puntos relacionados con el reparto del dinero, el final de ciertas ayudas o la liberalización de las plantaciones. Inicialmente, la comisaria europea de Agricultura, Mariann Fischer Boel, planteó una serie de medidas consideradas bastante radicales, dirigidas fundamentalmente a paliar la sobreproducción que presenta la UE y sustituir las ayudas directas por fondos indirectos de desarrollo rural.
ARRANQUE DE VIÑEDOS Una de las propuestas más criticadas fue el arranque de unas 400.000 hectáreas de viñedo, que se ha ido suavizando hasta la mitad --última proposición legislativa-- y que finalmente podría quedarse en el abandono voluntario de unas 175.000 en tres años. Precisamente, Bruselas propone destinar una parte del presupuesto para la OCM (1.268 millones de euros anuales) a subvencionar esta medida y repartir el resto en partidas nacionales que cada país distribuye.
En este momento de la negociación, para España es fundamental saber a cuánto ascenderá esa cantidad y a qué medidas irá destinada, con especial interés a las ayudas al mosto o a la destilación para brandy. En este sentido, el Gobierno español reclama la continuidad de dichas subvenciones frente a la oposición inicial de Fischer Boel, que posteriormente ha dado muestra de cierta flexibilidad. El Ejecutivo español aporta soluciones como un "periodo transitorio" hasta el 2013, para que el sector pueda adaptarse a la nueva situación y las industrias que reciben estos subproductos del vino no queden desabastecidas.
Sin embargo, estos avances --que en su momento la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, valoró positivamente si bien reconoció que debían continuarse mejorando en los próximos meses-- se quedan cortos para los productores extremeños. Así lo manifestaba hace unos meses el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, que indicaba que si se eliminan las ayudas que regulaban el mercado, "la rentabilidad de muchos agricultores caerá y se verán abocados al abandono de la actividad".
Según manifestó Huertas, es difícil saber cuántas de las 100.000 hectáreas de viñedo extremeño se arrancarían, pero auguró que serían "muchas más que en La Rioja", porque, apuntó, "en la reforma se juega el futuro del vino de mesa y eso es lo que más tenemos". De momento, la producción extremeña se quedará este año en torno a los 2,8 millones de hectólitros, un 8% menos que el año anterior, según el avance del Ministerio de Agricultura.
