La Comisión Europea acusa a los distintos representantes de los cultivadores de "ponerse de acuerdo cada año" para la "fijación del precio de venta del tabaco crudo con el fin de limitar o eliminar la competencia entre los productores españoles y/o entre sus agrupaciones". Estos acuerdos, que proponían posteriormente a las industrias transformadoras, eran el medio para llegar a "imponer" a Cetarsa, Agroexpansión, WWTE y Taes unas condiciones de venta "lo más similares posibles para todos los productores y lo más favorables posibles a sus propios intereses".

La Dirección General de Competencia de la UE sostiene que se trata de una "infracción única y continuada" contra el artículo 81 del Tratado de la Comisión Europea. En el pliego de cargos que ha dirigido a 20 empresas, agrupaciones de productores, cooperativas y organizaciones agrarias, la Comisión detalla que las prácticas concertadas entre productores comenzaron en febrero de 1996 entre Asaja, UPA, Coag y la Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE). En 1999 se unieron las agrupaciones de productores Acotab y Tabares, mientras que en el 2001 se sumó la Federación Nacional de Cultivadores de Tabaco (FNCT). El 84% del tabaco español se cultiva en la región.

ACUERDO OCULTO "En 1996, la concertación entre los representantes de los productores se concretó en la medida en que los tres sindicatos agrarios y la CCAE lograron que cada uno de los transformadores se comprometiera a comprar el tabaco crudo a todos los productores representados por estos sindicatos con arreglo a las mismas horquillas de precios y a las mismas condiciones complementarias", indica la Comisión. "En cambio, la situación varió en 1997 y 1998. Ningún transformador quiso aceptar las condiciones de venta propuestas por las agrupaciones y las negociaciones fracasaron", dice el documento.

Esto se debió "en parte a la existencia de un acuerdo entre los transformadores --se habían constituido en un "cártel"-- referente al precio medio del tabaco crudo que los representantes de los productores desconocían". Los efectos de este cártel fueron inmediatos, pues se logró paralizar la "escalada" de precios de la materia prima (véase gráfico). La Comisión Europea considera contrario al "juego de la libre competencia" que tanto industrias, por un lado, como productores, por otro, acordaran el precio que iban a proponer a la parte contraria. Y no sólo eso, sino que cada año se sentaran a negociar colectivamente --lo que está prohibido-- y no cada empresa con su agrupación de productores de forma separada.

En el mismo pliego de cargos, Bruselas acusa a las industrias de no hacerse competencia --se repartían el mercado-- y al Ministerio de Agricultura de "incitar" a dichas reuniones colectivas, por lo que la UE no descarta una "acción" contra el Estado español. La multa para las agrupaciones de productores y las industrias puede oscilar entre mil y un millón de euros, aunque puede alcanzar el equivalente al 10% de sus ventas anuales.

La competencia volvió al sector a partir del 2002. Cetarsa, en su informe de ese año, es tajante: "El aspecto más notable ha sido el fuerte incremento experimentado por los precios pagados por el tabaco a los agricultores por las empresas transformadoras". Entonces, las tabaqueras ya habían reconocido ante la UE su "cártel" y mostrado su colaboración en la investigación.