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comisión de medio ambiente y rural, políticas agrarias y territorio

La UE propone excluir a la región de las nuevas sanciones de pastos

La decisión aún no es firme pero ya supone «un alivio» para la Junta

AGENCIAS MÉRIDA
17/06/2017

 

La Comisión Europea ha remitido una comunicación a la Junta de Extremadura en la que informa de que la región no pagará sanciones por los errores en el cálculo de las ayudas a los pastos a partir de la campaña de 2014.

Así lo aseguró ayer la directora general de Política Agraria Comunitaria (PAC), Yolanda García, durante una comparecencia a petición propia en la Comisión de Medio Ambiente y Rural. La propuesta de la UE no es todavía definitiva porque está en plazo de recibir alegaciones del resto de autonomías, pero según García supone ya «un alivio» para Extremadura, una de las comunidades con más dehesa y por tanto, de las más afectadas.

Pese a que la región no tendrá que enfrentarse a nuevas multas, tendrá «dificultades» para pagar la primera, de 10 millones por las campañas de 2008 y 2009, y está pendiente de que el Tribunal de Justicia Comunitario dictamine sobre una segunda de 79 correspondiente al periodo 2010-2014.

Según García, se ha trabajado en la defensa de la dehesa, su consideración y adecuado encaje en la PAC, de forma que se ha logrado que la Comisión Europea excluya a Extremadura de nuevas sanciones. Unas sanciones que como se recordará, vienen motivadas al entender la UE que el terreno que se sitúa debajo de las encinas no puede considerarse como pasto.

Las multas han sido interpuestas por la UE al gobierno central y este a su vez las ha repercutido a las comunidades autónomas afectadas. En el caso de la región, la Junta ha recurrido al Supremo por la vía contenciosa administrativa, ya que entendía que era al FEGA a quien le correspondía abonar la sanción. No obstante, una sentencia conocida el mes pasado recogió la corresponsabilidad de la multa entre la Administración autonómica y central en el caso de la primera sanción, de 10 millones de euros.

Para la segunda multa, de 79, se ha solicitado al Alto Tribunal que la sanción la asuma el Estado y no las comunidades autónomas y la suspensión temporal de la ejecución. «El Tribunal Supremo ha accedido a esta petición y, por tanto, no habrá que hacer efectiva la sanción hasta que no se resuelvan estos procedimientos judiciales», dijo García.