UGT, CCOO y la Confederación de Entidades para la Economía Social y Autónomos de Extremadura (Cepes) recibieron ayer con sorpresa e indignación la denuncia del Gobierno extremeño acerca del presunto fraude en los cursos de formación para empleados. Todos defendieron que no han cometido "ningún tipo de irregularidad" y que todas las facturas emitidas se ajustan a la ley. Así, no descartaron emprender acciones legales ante las "insidias" del Ejecutivo, a quien los sindicatos acusaron de "dinamitar la concertación social". La Confederación Regional de Empresarios de Extremadura (Creex), que según la Junta también estaría implicada en el presunto fraude, no quiso hacer declaraciones a la espera de ofrecer una rueda de prensa. Quienes sí se pronunciaron fueron los grupos políticos, especialmente PP y PSOE. El primero pidió al líder socialista, Guillermo Fernández Vara, que saliera a dar explicaciones "por lo que ha ocurrido y permitido", mientras que el PSOE mantiene que tanto la adjudicación de los cursos como su desarrollo se realizó ya bajo el mandato de Monago.
Además de defender su inocencia, UGT, CCOO y Cepes coincidieron al afirmar que la Administración aún les adeuda el 25% de la subvención que se les concedió para impartir los cursos, de 1,8 millones en el caso de los sindicatos y de
700.000 euros en el de Cepes. Explicaron que la Junta les requirió información relativa a la convocatoria del 2011 en dos ocasiones --la primera en julio del 2014, para la investigación propia, y la segunda en octubre, para la auditoría externa--, sin que hasta la fecha hayan recibido contestación sobre la última petición al margen de la rueda de prensa que ayer ofreció la consejera de Empleo. El primero en dar explicaciones fue el responsable regional de CCOO, Julián Carretero, que señaló que esta organización "ha justificado absolutamente todo lo habido y por haber". "Que todos los extremeños tengan claro que CCOO no ha cometido ningún fraude ni delito", afirmó junto a la secretaria de Organización, Encarna Chacón, y el secretario de Formación y Empleo, Miguel Coque.
EN 2012 Y 2013 Con los 1,8 millones recibidos, el sindicato llevó a cabo un total de 149 acciones formativas que beneficiaron a 2.242 extremeños. Los cursos se ejecutaron entre 2012 y 2013, sin que la Junta haya abonado aún el último pago de la convocatoria, que en el caso de CCOO asciende a 394.037 euros. Carretero sí reconoció que en el proceso se han dado "discrepancias administrativas manifiestas", ya que los gastos fueron justificados en base al decreto del 2008 y la Junta solicitó después que se hiciera conforme a una normativa posterior aprobada en el 2012, trámite que según Carretero CCOO también cumplió. "Parece mentira que un personaje (en referencia a Monago) que está en tela de juicio porque ha hecho de la mentira, de la propaganda, la acción de su gobierno, quiera emponzoñar a dos meses de las elecciones la política en esta región", remarcó Carretero, que instó al presidente a dar explicaciones, "y tal vez también lo tenga que hacer ante la Fiscalía, de por qué ha estado inyectando dinero a una empresa (Acorex) a cambio de poner y quitar directores generales, presidentes y consejos rectores".
En la misma línea se pronunció el líder de UGT, Francisco Capilla, que compareció en rueda de prensa junto a la secretaria de Organización, María José Pastor, y la secretaria de Formación y Cultura, Ana María Santos. "Mostramos nuestra gran preocupación, no ya por las acusaciones tan graves sino por la utilización torticera de los agentes sociales y económicos de la región, pisoteando a quien sea necesario para ganar un puñado de votos", dijo Capilla. El responsable de UGT defendió que en la organización "todo se ha hecho de forma correcta" y se preguntó cómo es posible que se les atribuya un fraude de 600.000 euros si tan solo se ha auditado el 10% de la convocatoria, que asciende a 180.000. Al igual que Carretero aunque sin precisar la cifra, Capilla confirmó que la Junta le debe "una cantidad importante" al sindicato correspondiente al último pago de la convocatoria.
Por su parte, Cepes señaló en un comunicado que "no tiene nada que ocultar" porque la ejecución de los programas de formación se hizo "conforme a la legalidad vigente". Según explica, la entidad ha prestado siempre la debida colaboración a las dos auditorías: la primera, elaborada por la Junta, "no arrojó dudas sobre la legalidad de los cursos", mientras que de la segunda no han recibido notificación alguna. Afirman no entender las acusaciones del Gobierno regional, de forma que han solicitado una reunión con la consejera de Empleo en la que también reclamarán el cobro del último pago, "pendiente desde hace más de dos años".
