«La ley 30/2015 ha sido nefasta para el sistema formativo, tanto para los centros como para los trabajadores. Ha convertido casi en ladrones a quienes quieren impartir formación», lamenta Teodoro Casares, secretario de Formación y Empleo de UGT Extremadura. «Tal y como está la normativa está ‘prohibido’ ganar dinero, lo que hace prácticamente imposible dar formación. Muchos centros se han ido al garete», agrega este responsable sindical, quien resalta también que ahora se requiere «tanta documentación, tanto papeleo, que a lo que menos tiempo se dedica es a dar formación».
En cuanto a la formación bonificada, Casares apunta que «ahora mismo es lo que hay, porque la mayor parte de la formación intersectorial ha desaparecido por las condiciones tan leoninas que les han puesto a los centros». A su juicio, el problema de este tipo de formación «es que tiene que ser a iniciativa de la empresa, no del propio trabajador», que debe ajustarse al catálogo de cursos que se le oferta, lo que limita, aduce, sus posibilidades de elección. También remarca que buena parte de estos cursos se tienen que realizar mediante teleformación, a la que no siempre puede recurrirse. «Un trabajador que tenga que hacer un curso de grúa torre, difícilmente lo podrá realizar por esta vía», concluye.
