El secretario general de UGT de Extremadura, Miguel Bernal, aseveró ayer que no existen razones económicas, jurídicas ni sociales que justifiquen la privatización de Cetarsa, por lo que aseguró que empleará todos los medios legales, incluida la movilización y la huelga, para que el Gobierno dé marcha atrás. Bernal consideró que, por contra, existen argumentos políticos, que "en nada benefician a Extremadura", para acometer este proceso que "tiene como objetivo vincular la privatización de Cetarsa con la estrategia de las multinacionales".
El líder de UGT realizó estas manifestaciones en la presentación del proyecto La empresa no discriminatoria que España, junto a Italia, Portugal y Francia, desarrolla en la actualidad para asistir a las empresas en la no discriminación de los trabajadores desfavorecidos. En él participan catorce empresas y entidades extremeñas. Bernal adelantó que defenderá que el próximo Plan de Empleo e Industria de la región, que se negociará a finales de año, contemple la concesión de un distintivo social a las empresas que favorezcan la contratación de personas desfavorecidas.
