El taxi sostiene su encarnizada batalla contra Uber y Cabify. Esta puja levanta ampollas y divide al sector y a la opinión pública. Y como si esa lucha no bastara, los taxistas extremeños suman un nuevo frente a su lucha particular. ¿El objetivo? Ellos mismos. Los urbanos y los rurales se enfrentan desde hace meses y se acusan de ‘competencia desleal’, el mismo argumento que empuñan contra los sistemas de Vehículos de alquiler de Conductor (VTC) -que aún no han llegado a la región-. Los primeros acusan a los segundos de invadir su espacio de trabajo para ‘robarles’ los clientes. Los segundos se defienden de tales acusaciones y se escudan en que su cometido se limita a trasladar al usuario que recoge en la localidad a la capital y luego vuelve a hacer el recorrido de regreso.
Aunque esta polémica lleva candente desde siempre, es en los últimos meses tras las quejas en Badajoz cuando se ha hecho pública. «Se está yendo de las manos», reconoce Luis Giraldo, responsable de Radiotaxi en Badajoz y uno de los impulsores de las quejas. La normativa establece que un taxi no puede hacer un servicio en municipios donde ya exista ese servicio público -salvo con un permiso expedido expresamente por la Junta-. Esto determina que los conductores con la licencia en Badajoz y Cáceres no pueden ir a recoger clientes a localidades aledañas y viceversa. De hecho, hace unas semanas jóvenes cacereños que habían viajado al Casar de Cáceres para acudir a una fiesta reclamaron que los taxistas cacereños se negaban a recorrer los diez minutos hasta la localidad porque la ley se lo prohíbe y tuvieron que esperar o lanzar una llamada desesperada a sus progenitores.
En el caso de Cáceres, Vicente Mendoza, portavoz de Radiotaxi Cáceres sostiene que la situación se mantiene «estabilizada». Fue precisamente la capital cacereña la que inició las quejas. Mendoza añade que la labor de intervención de Guardia Civil y Policía local ha logrado que apenas registren otros conductores de pasajeros, pero «hay casos», destaca. «Lo único que queremos es que se cumpla la ley, todos queremos trabajar», anota. El epicentro de la protesta se centra en Badajoz donde según asegura Giraldo encontrar a taxistas de otras localidades haciendo servicios en la capital pacense «es una constante». «Lo vemos a diario, como si no existiera la ley», sostiene el portavoz del gremio. Relata que viajan a la ciudad para trasladar a los vecinos que tienen que hacer gestiones y una vez allí, aprovechan la mañana para hacer algunos servicios en la capital antes de marcharse de nuevo a la localidad con el cliente al que han trasladado. «Es un perjuicio, para nosotros y para la empresa de autobuses», pone de manifiesto Giraldo. En ese sentido, reclaman más vigilancia por parte de los cuerpos de seguridad y al respecto anuncia que a partir de septiembre desarrollarán medidas para identificar a estos conductores y poner ese registro en manos de la Guardia Civil y la policía. «Igual que nosotros no vamos pues que ellos no vengan», concluye.
Estas declaraciones contrastan con la postura de Diego Sanjuán, responsable de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi de Extremadura, entidad que representa a gran parte del sector. También es taxista rural. «Nosotros no somos el enemigo», recalca el conductor. En ese sentido, desmiente las acusaciones y alega que la práctica habitual es acompañar a los clientes que contratan el servicio en la localidad para después hacer el viaje de vuelta y en ningún caso para hacer servicios al margen de la normativa. «El peligro no es el taxi rural», enuncia al hilo de las circunstancias que vive el sector desde los últimos años.
Precios y ‘piratas’
Si hay algo que ayude a captar clientes hoy en día son los precios. Giraldo estima que el principal factor que condiciona que exista esta práctica ‘desleal’ es que sus tarifas son más baratas. «Si nosotros cobramos 18 euros por ir a Talavera ellos cobran 15», añade. Otro de los factores que dificulta la identificación de estos posibles conductores es, que según el portavoz de Radiotaxi Badajoz, no portan identificaciones que puedan delatarlos. «Normalmente llevan un coche particular de seis o siete plazas», reseña. Sanjuán por su parte, que defiende su labor, alega que «piratas ha habido siempre y siempre habrá». Al margen, su apuesta pasa por una regulación desde la legalidad.
Actualmente, en Cáceres hay 75 licencias y en Badajoz 143. El sector en Extremadura ya hace frente ya a las plataformas tecnológicas, pero de momento, ni Uber ni Cabify han aparcado su flota en la región. No obstante, el sector apoya las movilizaciones y paros a nivel nacional para defender lo que ellos estiman «ilegal». Extremadura se adelanta al problema y lanza su alegato. El propio Sanjuán ratifica el discurso de la mayoría que pide «igualdad de condiciones». «Pueden competir, pero cumpliendo la ley», concluye.
