Dice el saber popular que cuando no se quiere entender, las palabras están de más. Algo así es lo que puede haber sucedido entre dos juzgados españoles. Un exhorto escrito en catalán, procedente del Juzgado de lo Social número 23 de Barcelona, parece que no agradó al secretario del Juzgado de lo Social número 2 de Badajoz, Fernando Barrantes Fernández, quien respondió por la misma vía que le había llegado un papel "en una extrañísima y curiosa lengua, totalmente ajena al idioma oficial de estos pagos patrios".

Esta reacción ha molestado a la Generalitat de Cataluña, que tiene previsto presentar una queja al Ministerio de Justicia por la actitud del funcionario, según publica La Vanguardia .

El origen de esta falta de entendimiento surgió cuando el juzgado extremeño solicitó un peritaje relacionado con un caso que se estaba tramitando en Badajoz y que por vía de reparto correspondió al juzgado barcelonés. Entonces, la oficina judicial de Barcelona remitió un exhorto a la capital pacense donde se hacía constar el oficio y la minuta de honorarios.

La documentación recibida debió molestar a Barrantes, que respondió al juzgado barcelonés de la siguiente forma: "Visto el contenido del exhorto enviado por este Juzgado (...), en el cual aparecen sendos escritos encabezados por la Direcció General de Relacions amb l´administració de Justicia y minuta d´honoraris que vienen redactados en una extrañísima y curiosa lengua, totalmente ajena al idioma oficial de estos pagos patrios, se devuelve el mismo para que por el organismo correspondiente sea correctamente redactado y sin faltas de ortografía en el idioma oficial común de nuestra nación, esto es, el español; lengua en la que se han escrito las mejores obras de la literatura universal, con la que se civilizó medio mundo y prácticamente hablada en todo él. En cualquier caso, por estas tierras españolas la mayoría de sus habitantes son bilingües pues conocen el idioma portugués, otra clásica lengua romance, en la que también se han escrito grandes obras de la literatura universal".

Y continúa: "Si en el plazo de quince días no se ha cumplimentado correctamente el exhorto, se entenderá que se renuncia a la tasación de costas". El oficio ha llegado a la Consellería de Justicia de la Generalitat de Catalunya, que considera que el escrito descalifica el catalán. Barrantes no ha querido hablar, aunque precisó que a él la Generalitat no le puede "hacer nada".