Unas veinte personas participantes en el Campamento Dignidad, ubicado desde hace más de cuarenta días en Mérida, ha irrumpido hoy en el Parlamento de Extremadura para pedir la aprobación de una Ley de Renta Básica y una reunión con Fomento para paralizar los desahucios de viviendas sociales.

A grito de "en Extremadura Renta Básica", han entrado en la Sala de la Autonomía de la Cámara autonómica, donde se estaba celebrando un acto de conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano, para exigir una cita con representantes del Ejecutivo regional para tratar estos temas.

En el interior de la sala se encontraban miembros del Gobierno de Extremadura, como el consejero de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández Carrón; el presidente del Parlamento extremeño, Fernando Manzano, y diputados de los grupos con representación en la Asamblea de Extremadura (PP, PSOE e IU).

En pocos minutos han sido desalojados por personal del Parlamento regional y miembros de la Policía Nacional, quienes han permanecido después en los alrededores de la institución.

Rafael González, miembro del Campamento Dignidad, ha explicado a los periodistas que esta mañana ha acudido, junto con el grupo de personas que ha entrado en el Parlamento regional, entre ellos el excoordinador de IU Manuel Cañada, a la Consejería de Fomento para concertar una entrevista con su titular, Víctor del Moral.

González ha señalado que se niega a responderles y ha subrayado que se necesita una cita urgente porque "están desahuciando a gente de sus casas", el último caso es el de dos familias que viven un viviendas sociales en Quintana de la Serena, según ha apostillado.

Así, ha explicado que han irrumpido en el Parlamento extremeño para pedirle también al Gobierno de Extremadura una reunión para abordar el tema de la Renta Básica porque ellos son interlocutores "válidos" ya que recogieron "27.000 firmas" ciudadanas.

Por su parte, el consejero de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha manifestado, tras ser preguntado por los periodistas sobre esta acción, que los ciudadanos tienen derecho a protestar y a manifestar su discrepancia, un derecho que "alcanza y limita" con la libertad de los otros ciudadanos.