Una de las prioridades educativas de la Unión Europea es que los niños de entre 0 y 3 años tengan acceso a una guardería con precios públicos. El objetivo de los estados miembros es que el 33% de los menores consigan plaza en uno de estos centros, unos parámetros que en Extremadura todavía no se cumplen, aunque Junta y Gobierno trabajan ya para conseguir estos porcentajes antes del 2010, fecha límite establecida por la UE.

Actualmente, en Extremadura, al igual que en Andalucía y Castilla-La Mancha, la oferta de plazas públicas para el ciclo de 0 a 3 años supone un 80% del total, una cifra, no obstante, que sólo cubre entre el 20 y el 25% de la demanda. La situación en las otras comunidades españolas no es muy diferente. Cataluña, País Vasco y Madrid, seguidas de Galicia, Castilla y León y Baleares, son las regiones que ofrecen una mayor cobertura de plazas, aunque también presentan una alta demanda insatisfecha.

En la región existen actualmente 4.593 plazas para niños de 0 a 3 años en Centros de Educación Infantil de titularidad de la Consejería de Bienestar Social y de las corporaciones locales --en esta cifra no se incluyen las 1.141 plazas para niños de 3 a 6 años de los Centros de Educación Infantil de titularidad de la Administración regional--.

La finalidad de estos centros, según indican desde la Junta, es prestar una atención socio-educativa a los menores y favorecer la conciliación entre la vida laboral y familiar, completando el apoyo que se ofrece a las familias desde la Administración regional, además de facilitar la inserción laboral de las mujeres con pequeños a su cargo y de las personas con responsabilidades familiares no compartidas.

De esta forma, de los 41 centros gestionados por Bienestar Social, 27 ya han aplicado este año una ampliación horaria. Esta medida se incluye entre los planes de la Dirección General de las Familias y la Infancia del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que actualmente elabora un informe sobre la situación de la oferta de servicios para menores de tres años durante la jornada laboral de sus progenitores, con el que se pretende conocer la oferta pública y privada de estos servicios de cara a planificar la ampliación de plazas hasta el 2010.