La organización UPA-Uce Extremadura presenta una denuncia formal contra cuatro grandes distribuidoras que estarían vendiendo el aceite de oliva por debajo de sus costes de producción, lo que significa por menos de 2,44 euros por litro.

Según la agencia Europa Press, la denuncia la registró el secretario general de la organización agraria, Ignacio Huertas, y por el abogado del gabinete jurídico de UPA-Uce, Manuel Moralo, ante el órgano de Defensa de la Competencia de Extremadura, dependiente de la Consejería de Economía, Comercio e Innovación.

Huertas asegura que esta práctica "fraudulenta" está generando el "hundimiento" de los precios del producto en origen y, como consecuencia, una "situación muy difícil" para los agricultores del olivar tradicional. En su opinión, esta venta a pérdida constituye una "vulneración" de la Ley de Comercio Minorista, planteada por las empresas denunciadas como "gancho para llamar clientes", pese al "gran perjuicio" que con ello ocasionan a un sector que en Extremadura genera 800.000 jornales al año y 1.000 puestos de trabajo fijos.

Las distribuidoras denunciadas son Lidl, Dia, Carrefour y Hipercor. Según UPA-Uce, Lidl y Día estarían vendiendo el litro aceite de oliva refinado a 1,79 euros y a 2,25 euros, respectivamente; Carrefour, lo estaría haciendo por 1,99, en el caso del aceite de oliva refinado, y por 2,33, en el de oliva virgen-extra; e Hipercor estaría distribuyendo aceite virgen-extra por debajo de su coste de producción.

Por su parte, el abogado de la organización agraria, Manuel Moralo, indica que esta práctica en la que "han incurrido" estas empresas está contemplada por la ley como una "práctica restrictiva de la competencia", porque constituye "un abuso de posición dominante" por parte de las distribuidoras, y "un acto de competencia desleal".

De la presentación de esta denuncia, aclara el abogado, la consecuencia más inmediata será la apertura de una investigación por parte del Tribunal de la Competencia de Extremadura, que deberá determinar si las distribuidoras denunciadas están o no "vulnerando" la normativa.

Si se prueba que han incurrido en una "práctica contraria a la libertad de competencia", el tribunal ordenará el cese "inmediato" de la misma. Además, añade Moralo, al tratarse de una infracción considerada "grave", las distribuidoras en cuestión podrían enfrentarse a una multa equivalente al 1 por ciento del volumen de ventas, durante el período que se haya producido la "infracción".