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LA ASOCIACIÓN EXIGE LA PUESTA EN LIBERTAD DE SUS DIRIGENTES, EN PRISIÓN DESDE HACE DOS MESES

UPA-UCE Extremadura detecta «graves» errores en la investigación de la Guardia Civil

Afirma que el informe aportado por la Junta avala la actuación de la organización agraria. El colectivo dice que no asesoró al agricultor por cuya declaración se inició todo el proceso

 

El dirigente de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, cuando fue detenido por la Guardia Civil. - EFE

REDACCIÓN
08/01/2017

La organización agraria UPA-UCE Extremadura sostiene que hay «graves errores» en la instrucción policial desarrollada por la Guardia Civil, como es sostenerla, entre otras cosas, en la declaración de un agricultor. Al parecer, este último sostuvo que UPA-UCE no le había prestado el servicio de asesoramiento. Este agricultor, de igual nombre y apellidos a otro de su misma localidad, no recibió el asesoramiento por parte de UPA-UCE «porque su entidad de asesoramiento no era UPA-UCE sino otra». «De haber identificado correctamente al agricultor asesorado por UPA-UCE, la declaración que habría obtenido la Guardia Civil habría sido la de haber recibido íntegra, correcta y satisfactoriamente dicho servicio», matizan.

De esta forma, la organización agraria solicita «la inmediata puesta en libertad» de sus líderes extremeños, Ignacio Huertas y Maximiano Alcón, que están en prisión desde hace dos meses, al entender que el informe aportado por el Gobierno extremeño a la instrucción «valida íntegramente» la labor de la asociación en materia de asesoramiento. A su juicio, estos hechos provocan que «en estos momentos la libertad de Huertas y Alcón sea ya un clamor, tanto a la vista de la situación de la instrucción como de mera aplicación humanitaria de la justicia». Cabe recordar que ambos dirigentes cumplieron la noche de Reyes dos meses en prisión preventiva, una medida que el ordenamiento jurídico califica como «muy excepcional».

A través de un comunicado de prensa, la organización agraria se muestra «más convencida que nunca» de la inexistencia de delitos en su actuación y en la de sus dirigentes, al tiempo que considera «injustificada» la continuidad de la medida de prisión preventiva. «La organización y sus dirigentes actuaron correctamente en todo momento y, por tanto, no se ha producido la comisión de ningún delito», señalan.

Sobre este asunto, la organización agraria explica que el contenido del informe aportado por la Junta de Extremadura «valida íntegramente» los trabajos realizados por UPA-UCE Extremadura, así como el procedimiento seguido por la organización para prestarlos, lo que marca, en su opinión, «un punto de inflexión determinante en la instrucción del caso». En concreto, UPA-UCE Extremadura revela algunos párrafos de dicho informe: «Los controles administrativos se han realizado sobre el 100 % de las solicitudes de ayuda, presentadas al inicio, y sobre todas las solicitudes de liquidación que han sido presentadas en 2013, 2014 y 2015». Se añade a continuación que, como resultado del Plan de Controles sobre una amplia muestra de expedientes de asesoramiento, «la Junta no revocó ninguna solicitud». «Aparece como probado que el servicio se prestó correctamente y por tanto, sin perjuicio ni perjudicados, no hay delito», puntualizan desde la organización agraria.

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