El consejero de Sanidad y Políticas Sociales de Extremadura, José María Vergeles, ha dicho hoy que con la futura Ley de Promoción y Acceso a la Vivienda, y la disolución de la empresa pública de la vivienda Gisvesa únicamente habrá una, Urvipexsa, y que el texto también tratará temas como las viviendas sobreocupadas y las infraviviendas.
Así lo ha señalado hoy en Mérida antes de presidir una reunión del Consejo Asesor de Vivienda de Extremadura, al que ha presentado el anteproyecto de la ley y tres proyectos de decretos.
Vergeles ha subrayado que con estos textos se pretende "profundizar aún más en la dimensión social de las políticas de vivienda" que se practican en la comunidad autónoma.
Se trata de "dar valor" a la edificación y a sus condiciones técnicas, al papel de la arquitectura en la legislación, la regulación del Código de Edificación, que ya había que renovar, y abordar el problema de las viviendas sobreocupadas y las infraviviendas, es decir, sobre las situaciones que son "un poco especiales".
Además, mediante la ley se creará una única empresa pública dedicada a la gestión del suelo y de la vivienda, Urvipexsa, una vez que el balance de Gisvesa haya provocado que tenga que ser disuelta, lo que será aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta tras seguir los pertinentes trámites administrativos.
En este sentido, ha explicado que el Consejo de Administración de Gisvesa ha elevado una propuesta al Consejo de Gobierno de la Junta y que se tramita una moción conjunta entre las consejerías de Sanidad y Políticas Sociales, y la de Hacienda y de Administración Pública.
Una vez el Consejo de Gobierno lo apruebe se nombrará una comisión de liquidación que analizará los activos, los pasivos y los trabajadores, lo que no significa que Gisvesa dejará de funcionar sino que entra en un proceso de liquidación durante el que trabajará en encomiendas de gestión, lo que podría durar un año.
Las cuentas dicen que "hay motivos suficientes como para la disolución".
Sobre Urvipexsa, ha dicho que asumirá las funciones que Gisvesa y que "era insostenible que una región como esta tenga dos empresas destinadas a realizar lo que puede hacer sólo una".
En cuanto al plazo para la aprobación de la nueva ley, ha dicho que está muy consensuada con el sector y con los agentes sociales, que ahora está en el Portal de Transparencia de la Junta, que se estudian los impactos en el temas como el empleo y que luego el Consejo de Estado la examinará.
Vergeles ha dicho que espera que se envíe el texto a la Asamblea regional este período de sesiones o en el próximo.
Por otro lado, en cuando a los decretos el consejero ha explicado que habrá "una interpretación un poco más laxa" sobre las condiciones para conseguir las cédulas de habitabilidad, lo que está motivado porque el anterior Decreto data de 2009 y desde entonces ha habido muchos cambios en las condiciones de vida de las familias.
Ayudas al alquiler
Asimismo, ha resaltado las ayudas complementarias al alquiler de viviendas, sobre lo que ha dicho que la Junta ha desarrollado unas políticas en la materia durante la legislatura fundamentadas no sólo en las programadas en el Plan Estatal de la Vivienda sino en otras relacionadas con las ejecuciones hipotecarias y con los desahucios que se producen por el impago de los alquileres.
En este sentido, ha explicado que se prevé una cuantía máxima de 260 euros al mes, descontando los impuestos.
También se abordan con estos alquileres las situaciones de mayor vulnerabilidad social como las de las mujeres víctimas de la violencia machista o las de las personas en situaciones de "necesidad urgente" que tienen condiciones para acceder a una vivienda de protección pública pero que ahora están en lista de espera.
