Los 45.000 empleados públicos de la Junta de Extremadura recuperarán la jornada laboral de 35 horas semanales, pero tendrán que seguir esperando. El líder del Ejecutivo autonómico, Guillermo Fernández Vara, afirmó ayer que la región está a la espera de que el nuevo gobierno que se constituya en Madrid tras las elecciones del domingo devuelva a las comunidades autónomas las competencias sobre la jornada laboral de los funcionarios para que puedan recuperar "este derecho perdido". "La decisión está tomada, lo vamos a hacer por el plan A o por el plan B", aseguró el presidente, que dijo que en el caso de que el Gobierno no lo hiciera, hay que esperar a que lo permita el Tribunal Constitucional resolviendo a favor de Castilla la Mancha en el recurso que interpuso el Ejecutivo de Mariano Rajoy después de que esta comunidad haya aplicado la reducción por su cuenta.

En el pleno de ayer, Vara fue cuestionado por este asunto por la diputada de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, que recordó al socialista que la vuelta a la jornada de 35 horas semanales para los funcionarios fue una de sus promesas electorales y criticó que aún no se haya puesto en marcha. "Entiendo que cuando lo dijo sabría los mismos inconvenientes que ahora tiene", le recriminó Domínguez. Vara respondió que su compromiso partía del cumplimiento de "un precepto previo fundamental, la cesión de esa competencia", y tras reiterar que "la decisión ya está tomada y será una realidad", afirmó que la región está a la espera de que el Gobierno central devuelva a las comunidades autónomas las competencias sobre este asunto para ponerla en práctica. "Como jueza, entenderá que el respeto a la ley es fundamental", replicó.

En cuanto al proceso para el retorno de las 37,5 horas impuestas por el departamento de Cristóbal Montoro a las 35, el presidente recordó que en Extremadura "ya un gobierno socialista implantó la jornada laboral de 35 horas semanales" y confió en que no generará mayores problemas. El cambio será relativamente sencillo en la Administración General y Educación, pero sí reconoció que en el Servicio Extremeño de Salud (SES) y el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) pueden darse mayores complicaciones debido a que será necesario negociar de nuevo los turnos de trabajo del personal.

En cualquier caso, el presidente reiteró que la restitución de este "derecho perdido" se haría de la misma manera que se hizo antes y destacó algo a su juicio "fundamental": "el reparto del trabajo, la posibilidad de generar nuevos empleos que permitan a los parados tener alguna esperanza de encontrar un trabajo".

La jornada laboral de 37,5 horas en la Administración pública comenzó a aplicarse en julio del 2012 por mandato del Gobierno central y con el apoyo frontal de los sindicatos. Obligando a los empleados a trabajar dos horas y media más a la semana, la Junta pretendía ahorrar casi 35 millones de euros al año, de ellos 5,7 en la Administración General y los 28,5 restantes en el Servicio Extremeño de Salud.