El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, incidió ayer en que la modificación de la legislación autonómica en materia de gasolineras no asistidas se llevó a cabo a requerimiento del Defensor del Pueblo ante «una clara dificultad de accesibilidad para las personas con discapacidad».
Fue su explicación después del acuerdo alcanzado con el Gobierno central tras las discrepancias surgidas por el cambio en el Estatuto de los Consumidores que obliga a tener personal en las estaciones de servicio. La normativa dice que debe haber al menos un empleado entre las 7.00 y las 22.00 horas. La multa por incumplimiento, de carácter grave, puede llegar a los 15.000 euros.
El Estado asume que hay que garantizar la accesibilidad plena de las personas con discapacidad en estas estaciones y, por su parte, la Junta acepta hacer matizaciones en el apartado correspondiente respetando las competencias estatales y europeas. Aunque este último apartado aún no queda claro cómo podría reflejarse en la nueva normativa y si se mantendrá la prohibción de gasolineras sin trabajadores en Extremadura (que sí se permiten a nivel estatal). «Lo estamos viendo ahora e intentaremos llevarlo a cabo»,señaló el presidente extremeño, quien reiteró que «todo el proceso que finalmente llevó a modificar la legislación no se hizo por capricho, sino que empezó por un requerimiento que hace a la Junta el Defensor del Pueblo ante la falta de accesibilidad».
EL TÉRMINO MEDIO / De este modo, y a consecuencia de esto, el Ejecutivo extremeño ha ido explicando sus «razones para realizar dicho cambio al Gobierno de España y a Bruselas, con los que ha estado en contacto» (habría que recordar que desde la Unión Europea se planteó una sanción económica de 600.000 euros al día a las comunidades autónomas que no permitieran las estaciones de servicio sin personal, aunque después se dijo que no había ninguna decisión al respecto).
El presidente extremeño concluyó: «Es probable encontrar términos medios, creo que sí, vamos a intentar hacerlo».
