El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ofrece a los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista de la Asamblea un acuerdo para que las administraciones autonómica, provinciales y locales agilicen los pagos a las empresas proveedores. El jefe del Ejecutivo regional estima que esos pagos se deberían de ejecutar en un plazo "no superior a dos meses".

Según recoge la agencia Europa Press, Vara, que compareció en el parlamento regional a petición propia para informar sobre la actuación de la Junta en 2009, se refiere a que en Extremadura y España hay un "problema" consisten en las deudas que las administraciones mantienen con sus proveedores, que en su mayoría son pequeñas y medianas empresas. Por ello, propone conformar un compromiso conjunto en el que participaría la Junta; las diputaciones provinciales; y la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, con los diferentes ayuntamientos que la integran; así como con los grupos parlamentarios con el objetivo de buscar fórmulas que permitan cumplir el compromiso de agilizar los pagos a las empresas.

El presidente extremeño considera que la Administración regional "debería asumir" un compromiso de pago a proveedores en un periodo que "no debería ser superior a dos meses". A su juicio, esta medida "desbloquearía parte" del problema que padecen las pymes.

Por otra parte, el presidente extremeño invita a seguir trabajando para dar respuesta a la crisis con medidas económicas que garanticen que "no habrá ni un solo extremeño" que puedan caer en riesgo de exclusión social como consecuencia de ella. "Este compromiso debe ser tan firme como el decir que habrá que hacer lo que haya que hacer o habrá que dejar de hacer lo que haya que dejar de hacer, pero en definitiva, esta región tendrá que dar una respuesta muy firme en este sentido", afirma el presidente autonómico. De esta forma, invita a los grupos a trabajar con el objetivo de contar con un paquete de medidas dirigidas a la parte "más social" de la crisis, las personas.

Un "buen instrumento" con el que ya cuenta la región, según Vara, es el decreto de ayudas para situaciones de emergencia social, que permite hacer llegar a las familias el 80 por ciento del salario mínimo interprofesional durante seis meses.

Para el presidente, en 2009, se podría considerar situación de emergencia social a aquellas familias que a lo largo de este año vaya a perder la posibilidad de contar con ingresos por parte de alguno de los miembros del núcleo. Para el dirigente extremeño, esta es una manera de complementar la pérdida de la protección social por parte de las familias, y mostró su "especial preocupación" por la franja de ciudadanos de menos de 45 años que pueden tener "más dificultades" porque están lejos del ámbito de protección familiar. "La Junta debe gestionar hoy, mejor que nunca los servicios públicos y sociales, desde este compromiso podremos seguir prestando soluciones".

Vara subraya que 2009 debe ser un año en el que se "deben compatibilizar" una estrategia conjunta que se sustente en el desarrollo del presupuesto para 2009; en las medidas que frente a la crisis "se han tomado, estamos y tomando y seguiremos tomando"; y en el desarrollo de las "reformas estructurales" que la comunidad necesita y que forman parte del programa de gobierno.

En un contexto económico como el de 2009, asevera Vara, se "hace necesario" impulsar la ejecución presupuestaria de la Junta y para ella recuerda algunos de los acuerdos a los que se llegó en el Consejo Extraordinario de Gobierno celebrado el pasado mes de enero en Mérida como por ejemplo que todos compromisos, convenios y convocatorias que se aborden con los ayuntamientos deberán hacerse en el primer trimestre del año; además todas las obras que están ya licitadas deberán iniciarse antes del 30 junio; y todas las obras nuevas presupuestadas deberán licitarse antes del 30 de junio.

De la misma manera, hizo referencia al acuerdo de que el consejo de gobierno se celebre semanalmente para agilizar el presupuesto 2009 y de la misma manera se reforzará la intervención general de la Junta y los servicios jurídicos habilitándose en cada consejería algún licenciado en derecho que realice las funciones que hasta ahora correspondían en exclusiva al gabinete jurídico de la Junta.

A todo ello hay que unir algunas medidas ya anunciadas en comparecencias previas y otras que son fruto de la reunión celebrada con agentes sociales, y con entidades financieras este mes.

Entre ellas, destaca la creación del Observatorio del Mercado Financiero, aprobada ya por el Consejo de Gobierno; la modificación del decreto de ayudas a las pequeñas y medianas empresas y el acuerdo con el Instituto de Crédito Oficial para abrir una línea de subsidiación, que está pendiente de definirse.

El presidente de la Junta también desgrana otros de los acuerdos aprobados en el Consejo de Gobierno Extraordinario y que marcará la línea de trabajo en 2009.