El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, aseguró ayer que el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 trae «más dudas que certidumbres» y por ello se abstuvo en la votación que se celebró en la Conferencia Sectorial del ramo en Madrid. A Extremadura le corresponden un máximo de 43,2 millones de euros en ayudas, 19 más que en el anterior plan, pero según Vergeles «hay mucho que hablar» sobre el documento porque el ministerio «ha cambiado las reglas del juego a mitad del partido». Además, las líneas de subvenciones que desde la Junta se habían intentado pactar «no se han respetado en su totalidad».

Así, Vergeles hizo referencia al hecho de que las comunidades tengan que apotar un 30% adicional de la financiación que les corresponde en este plan, algo que no había ocurrido en los anteriores. Aunque la medida no afecta al primer año de vigencia del plan, el titular de Vivienda extremeño insistió en que se trata de un esfuerzo financiero para las autonomías que no se hacía antes.

Asimismo, el consejero también criticó que para acceder a las líneas de ayuda a los jóvenes «hay que ser pudiente, porque se cubre solo un porcentaje de la ayuda al alquiler o la entrada, insuficiente para que se puedan emancipar».

MEDIO RURAL / Por lo que respecta a las ayudas en el medio rural, «que en principio podrían venir bien a Extremadura», se limitan a poblaciones que no superan los 5.000 habitantes. Debido a ello, explicó, cuando se habla de las ayudas a las personas que han sido víctimas de un desahucio se tiene un «problema», porque las bolsas de alquileres asequibles en esas poblaciones son «mucho menores» que en las de más de 5.000 habitantes. De igual forma, las casas vacías que tienen los bancos están en localidades muy superiores a esa cifra de población.

Al igual que Extremadura, también Baleares, Castilla la Mancha y Aragón (todas gobernadas por el PSOE) se han abstenido en la votación del documento. El resto de autonomías (excepto la Comunidad Valenciana, que no acudió a la reunión aunque su intención también era abstenerse) votaron a favor. Cabe destacar que el nuevo Plan Estatal de Vivienda, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 9 de marzo, cuenta con una dotación estatal de 1.443 millones de euros, un 62,46% más con respecto al plan 2013-2016.

Según explicó al término de la conferencia el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se trata del plan «más participativo de la historia», ya que incorpora más del 80% de las sugerencias. Es también el «más ambicioso» porque se han incrementado «de manera sustancial» las ayudas al alquiler, a la rehabilitación y las medidas de apoyo a la vivienda, así como «el más social» porque el Gobierno presta una ayuda adicional pero respeta la competencia de las comunidades autónomas para llevar a cabo las políticas de vivienda.

A partir de ahora, las regiones tienen una semana de plazo para trasladar los programas que quieren incluir en el convenio con el Gobierno, lo que, según el ministro, significa que se ha dado más flexibilidad, ya que cada comunidad podrá decidir a qué quiere dedicar más recursos.