La polémica por la adjudicación del servicio de ambulancias a la empresa sevillana ‘Tenorio e hijos’, muy criticada por el consorcio de empresas extremeñas y por el PP, continúa. Mientras desde el Ejecutivo regional defienden que en el proceso de adjudicación no ha habido criterios subjetivos ni ha sido una subasta, los populares echan en cara al presidente de la Junta que no defienda a las empresas de la región. El consejero de Sanidad, José María Vergeles, quiso transmitir ayer un «mensaje de tranquilidad absoluta» a los 842 trabajadores del transporte sanitario en la región porque «se subrogarán» al nuevo contrato, de modo que «no va a ir nadie a la calle» y seguirán sujetos al convenio colectivo vigente.
Vergeles contestaba así a las críticas recibidas desde el PP sobre la adjudicación del servicio a una empresa andaluza, lo que, a juicio de los populares, supone «una incoherencia» con lo que el PSOE prometió en campaña electoral. En este sentido, el titular de Sanidad aseguró que «lo mejor que podemos hacer para favorecer a la empresa extremeña es hacerlas competitivas y que cumplamos la legalidad».
«En ningún momento estamos faltando ni contraviniendo ninguna de las cuestiones que el presidente de la Junta ha expresado tanto en la oposición como al frente del Gobierno», apostilló ayer Vergeles.
Más aún, defendió que el procedimiento ha sido «totalmente transparente y legal», y «totalmente automático» en cuanto a los criterios de adjudicación, que permiten llegar a «la conclusión de que esto no ha sido un concurso a subasta» sin más.
Según Vergeles, el 55 % del concurso valoraba el precio pero el resto, remarcó ayer con insistencia, valoraba otros criterios que suponían «mejoras necesarias en los propios vehículos y en la dotación de esos vehículos en beneficio de los extremeños». Además, recordó que por primera vez este contrato incluye las cláusulas sociales como requisito de contratación especial, lo que significa que los derechos de los trabajadores «están más blindados con este procedimiento de contratación que como estaban en el pasado». Asimismo, insistió en que no pueden «cometer ilegalidades e irregularidades» ante un contrato que es totalmente legal y con el que se ha buscado «el bien de los extremeños en su transporte sanitario terrestre y, además, con las cláusulas sociales, asegurar los derechos laborales de los trabajadores».
A este respecto, afirmó que los trabajadores estarán sujetos al «convenio colectivo vigente», de acuerdo a las cláusulas sociales, que determinan otros aspectos como las «condiciones medioambientales, incorporación de trabajadores con discapacidad o igualdad de género».
EL PP PIDE EXPLICACIONES / El Partido Popular reiteró ayer, como ya había anunciado el pasado viernes, que pedirá explicaciones al consejero de Sanidad sobre este asunto en el próximo pleno de la Asamblea, ya que entiende que es incoherente con lo que los socialistas prometieron en la campaña electoral.
La portavoz del PP, Gema Cortés, recordó que Fernández Vara prometió en su agenda del cambio velar por los intereses de las empresas extremeñas en los concursos; promesa que según la popular, como otras incluidas en esa agenda, «han quedado en papel mojado», como se ha puesto de manifiesto con esta adjudicación provisional, 8 millones de euros por debajo del precio real del mercado, que, según el Consorcio Extremeño de Transporte Sanitario, ya era insuficiente.
El PP liga esta adjudicación a otras en materia de comedores escolares o limpieza, «que se han llevado empresas de fuera a precios más bajos», justo lo que criticaba antes de las elecciones. «Fernández Vara presentó esta medida como una operación de salvamento, pero en realidad lo que intenta es salvarse él», dijo Cortés, que preguntó al presidente extremeño «si la rebaja será a costa de los 800 trabajadores del Consorcio Extremeño y de sus familias.
Cortés, que no entró a opinar si el procedimiento de adjudicación es legal o no, sí criticó «la incoherencia» de Vara al decir una cosa que sabe que no va a poder cumplir. Para la portavoz del PP, si quería ayudar a la empresas extremeñas debería poner en marcha medidas para que sean competitivas y puedan concurrir en igualdad de condiciones que el resto de empresas españolas.
También la portavoz de Podemos, Marta Bastos, demandó al Ejecutivo regional que el servicio sea público y que no sea prestado por entidades privadas, ya que atañe a la calidad de la atención a los ciudadanos y, además, hay que garantizar unas buenas condiciones laborales.
LEGAL Y TRANSPARENTE / También terció ayer en el tema el portavoz del PSOE extremeño, Miguel Ángel Morales, quien aludió a que el concurso ha sido «legal, transparente y público». Defiendió además que el PSOE cuando saca un concurso lo hace «con todas las garantías legales, lo que no puede decir el PP».
En este sentido, subrayó que la justicia ha constatado los «manejos sucios y mafiosos en algunos contratos públicos» en los que ha estado implicado el PP, un partido que está siendo investigado y que tiene a gente «relevante» en la cárcel, añadió.
Al igual que Vergeles, Morales indicó que el concurso no ha sido una «subasta», ya que el aspecto económico se primaba con el 55%, cuando en la época del PP este apartado podía llegar al 90% a la hora de adjudicar determinados servicios, como la limpieza de los hospitales.
Finalmente, Morales invitó a las empresas que no estén de acuerdo con la adjudicación a acudir a los tribunales.
