Extremadura sumará a la red de ITV ocho nuevas estaciones que se pondrán en marcha por primera vez mediante gestión privada, gracias a concesiones administrativas. El decreto que permite esta nueva fórmula ya está aprobado y ya se ha ratificado el concurso para la creación de las nuevas estaciones necesarias, según la Administración regional, ante la demanda en aquellas zonas donde no existe esta infraestructura.
Así, la previsión es conceder la apertura de tres en Cáceres (en Valencia de Alcántara, Jaraíz de la Vera y Logrosán) y cinco en la provincia de Badajoz (en Don Benito, Herrera del Duque, Castuera, Jerez de los Caballeros y Azuaga). La inversión privada de estas actuaciones superará los cinco millones de euros y se podrán crear hasta cien puestos de trabajo, según las previsiones de la Consejería de Fomento, que garantiza que el servicio privado en estas zonas no será competencia directa para las estaciones de gestión pública, "ya que ambos modelos seguirán vigentes", argumenta el Ejecutivo. Asimismo, el concurso prevé privatizar las estaciones de Olivenza y Almendralejo, que hasta ahora también eran públicas.
Con este nuevo modelo de creación y explotación, la Junta se apunta a la liberalización del mercado emprendida por el Ministerio de Industria para acabar con la disparidad de criterios entre las diferentes autonomías, que ha llegado hasta los tribunales en Cataluña.
GARANTIAS Los operadores actuales, agrupados en la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la ITV (AECA-ITV), rechazan esta liberalización porque aseguran que el modelo actual "garantiza la calidad de las inspecciones y mantiene la fiabilidad de los operadores por ser estos independientes del sector de la automoción", precisó su secretario general hace poco más de un mes. CCOO Extremadura también ha alzado la voz en contra de la privatización prevista. Sin embargo, los fabricantes, los concesionarios, los vendedores y los talleres llevan tiempo solicitando esta apertura anunciada ya por Industria, pero de forma total, lo que daría luz verde a todos los eslabones de la cadena de la automoción al poner en marcha una estación ITV.
De momento, a la espera de iniciar los trámites para modificar el decreto nacional --aunque la competencia es regional--, la normativa de la Junta regional da luz verde a la iniciativa privada pero excluye al sector de la automoción de gestionar y explotar las nuevas concesiones previstas.
En concreto, el artículo 6 del nuevo decreto establece que los titulares de la estación de ITV (socios, directivos y personal) no podrán tener participación en actividades de transporte por carretera, comercio de vehículos de automóviles, talleres de reparación o centros de diagnosis de vehículos, entidades aseguradoras, gestorías administrativas relacionadas con la automoción, peritos de seguros o mediadores privados que ejerzan en el sector, entidades involucradas en el diseño, fabricación, suministro, instalación, uso o mantenimiento de vehículos así como "cualquier otra actividad que pueda afectar a la independencia de la estación ITV e influir en el resultado de sus actividades", recoge la norma.
La Confederación Regional de Empresarios de Extremadura (Creex) apoya que la iniciativa sea privada, como también lo hace la Agrupación de Talleres de Cáceres, pero su presidente, Valentín Liberal, critica el veto de los trabajadores del sector para poner en marcha estas nuevas estaciones. "Nos habría gustado tener opciones, quién mejor que los que conocemos este mundo para poner en marcha nuevas ITV".
"MEJOR PARA TODOS" Liberal asegura que "en otros países la ITV se puede pasar en los talleres y es beneficioso para todos. Lo que demandamos no es hacernos dueños de las ITV, si no preferentemente contar con técnicos que puedan pasar las inspecciones en nuestros negocios una o dos veces al mes, así se agiliza la espera y los trámites para el cliente y las reparaciones que necesiten sus vehículos, evitando molestias y desplazamientos de los usuarios. Con esta fórmula se ganaría tiempo y seguridad, porque el coche saldría listo para su circular sin anomalías", precisa. Juan Antonio Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam) apoya esta reivindicación de los talleres y exige la apertura de estas concesiones también a los vendedores, "siempre que cumplan con los requisitos establecidos". Añade que supondría más competencias pero también mejoraría los precios.
Con estos mismos argumentos, el presidente de los talleres cacereños insiste en que seguirán manteniendo esta demanda y remitirán un escrito a la Junta para que sea retirado el veto de este decreto y contar así con una nueva oportunidad de negocios para un sector que también padece la crisis, reclama. Cabe recordar que las ITV facturan anualmente más de 360 millones. Cada inspección cuesta entre 31 y 47 euros en la región.
