El ministro de Educación, José Ignacio Wert, vuelve a levantar la polémica con una nueva reforma educativa a la que se opone gran parte de la comunidad universitaria de Extremadura, incluído el rector. El consejo de ministros aprobó ayer un nuevo decreto que da vía libre a las universidades para reducir la duración de los títulos de grado a tres años y aumentar los de máster a dos años. Es lo que se conoce como 3+2, el sistema aplicado en la mayoría de los países de la Unión Europea. Actualmente, con la implantación del plan Bolonia todas las carreras pasaron a tener una duración de cuatro años, mientras los máster suelen ser de un año (el sistema 4+1).

El ministro argumentó la necesidad de homologarse a Europa y el ahorro --que cuantifica en 150 millones en todo el país-- que supondrá a las familias que los universitarios tarden un año menos en obtener un título superior. Aunque lo cierto es que si también quieren estudiar un máster, la especialización que se pretende, la universidad puede salir más cara aún.

Las voces discordantes, entre las que se encuentran los sindicatos educativos CCOO, UGT y CSI-F y otros miembros de la universidad, que ayer se reunieron en diferentes ciudades del país, entre ellas en Badajoz y Cáceres, alertan de que para estar al nivel del resto de universitarios será necesario cursar un título de posgrado de dos años, cuyas tasas son más caras que las de los grados. En concreto, en la Uex el crédito de un grado en primera matrícula cuesta entre 10 y 18 euros, mientras el de máster está entre 22 y 41 euros. "Se encarecerán los estudios y se dificultará el acceso a las personas con menos recursos económicos creando más desigualdades", aseguró ayer en Cáceres Paco Llera, responsable universitario de CCOO.

El cambio tiene más consecuencias: "habrá que condensar los estudios, empeorará su calidad y abrirá las puertas a nuevos recortes de profesores al eliminar un año académico", avisó. Además, dado su carácter voluntario, puede haber campus que posibiliten un mismo título en tres años y otros en cuatro, creando un desequilibrio dentro del país que puede tener consecuencias en el número de estudiantes, advirtió Marta Vázquez, responsable de CSI-F. Al unísono, José Antonio García, secretario de universidad de UGT, recordó que se trata de una imposición que cuenta con la negativa del Consejo de Estado y del Consejo de Rectores de Universidades Españolas y rechazó una nueva reforma sin consenso y "cuando todavía no se han evaluado los nuevos grados". El sindicato ANPE también solicitó ayer la paralización de la reforma, que atenta contra la homogeneización, mientras los estudiantes anuncian protestas en todo el país.

Por su parte, el rector de la Universidad de Extremadura (Uex), Segundo Píriz, también se ha posicionado en contra de este decreto, que llega tan solo un año después de completar los cambios introducidos por Bolonia en el 2007. La Uex, en sintonía con la mayoría de universidades del país, considera que hace falta tiempo para analizar y aplicar el 3+2, ya que el cambio podría fragmentar el sistema universitario. Aunque a priori el rechazo es casi generalizado, el secretario general de Educación, César Díez Solís, aseguró ayer que la Junta negociará con la Uex si se reestructuran los títulos o no y destacó las relaciones fluidas que existen entre ambos.

Al margen, los sindicatos avisan que este nuevo decreto es el primero de otros dos cambios que prepara Wert en la universidad: la flexibilización de los requisitos para crear con menos trabas campus privados y un nuevo sistema de acreditación de los profesores que no tendrá en cuenta la experiencia docente.